El nuevo proyecto de ley ‘Mujeres rurales, campesinas y de la pesca’, promovido por Ana Paola García Soto, representante a la Cámara por Córdoba, ha sido sancionado por el presidente de la República, convirtiéndose en ley de la nación. Esta normativa tiene como objetivo asegurar mejores oportunidades y condiciones de vida dignas para miles de mujeres que habitan en las áreas rurales del país.

Entre las disposiciones de la ley se incluye la creación de cupos especiales y líneas de crédito en condiciones preferenciales, orientadas a respaldar proyectos liderados por mujeres rurales. Además, se les otorga prioridad en programas relacionados con la agricultura campesina, familiar y comunitaria, así como en iniciativas productivas que estén conectadas a economías ecológicas, biológicas y tradicionales. “Con esta ley protegemos y hacemos visibles a las mujeres que históricamente han sido olvidadas en el campo colombiano”, destacó Ana Paola García.

La sanción de la ley coincidió con la celebración del aniversario del departamento de Córdoba, lo que la representante calificó como “un regalo para las mujeres de la región”.

Otro aspecto importante de la ley es la obligación del SENA de implementar un enfoque de género en todos sus programas de formación técnica y profesional, con el propósito de responder a las realidades específicas que enfrentan las mujeres rurales, fortaleciendo sus capacidades para acceder a empleo, emprender y participar en mercados tanto regionales como nacionales.

Asimismo, la ley establece un compromiso del Estado para garantizar la protección integral de la salud física y mental de esta población. Se desarrollarán políticas y programas diferenciados que atiendan las necesidades de salud pública en las zonas rurales, adoptando un enfoque territorial y comunitario. “Cerrar las brechas históricas de discriminación contra las mujeres del campo es una deuda del Estado, y esta ley es un paso firme en ese camino”, afirmó la congresista.

La norma también fomenta la participación activa de las mujeres rurales en la creación de políticas públicas y en espacios de toma de decisiones, tanto a nivel local como nacional.

Según datos del DANE, más de 4 millones de mujeres viven en áreas rurales en Colombia, muchas de las cuales enfrentan obstáculos para acceder a crédito, educación, salud y participación política. Esta ley, que ya está en vigor, tiene el propósito de cambiar esa situación y avanzar hacia una Colombia más justa desde el territorio.

Por último, se informó que la implementación de esta ley estará a cargo del Gobierno Nacional, en colaboración con alcaldías, gobernaciones y entidades como el Ministerio de Agricultura, el SENA y el Ministerio de Salud.