Más de 13,6 millones de ciudadanos ecuatorianos están llamados a votar este domingo en un referéndum que podría conducir a la redacción de una nueva Constitución. Este proceso, impulsado por el presidente Daniel Noboa, presenta cuatro propuestas clave que buscan redefinir el panorama político del país: la posible reintroducción de bases militares extranjeras, la reducción del número de asambleístas, la eliminación del financiamiento público a partidos políticos y la autorización para convocar una nueva Asamblea Constituyente.

Estos comicios se llevan a cabo en un contexto de intensa violencia y la peor crisis de seguridad en la historia de Ecuador, donde se registra un homicidio cada hora, convirtiendo al país en el más violento del continente. En enero de 2024, el Gobierno declaró un conflicto interno, posicionando a Ecuador como el segundo país de América Latina, tras Colombia, en reconocer la existencia de un enfrentamiento entre grupos criminales y el Estado.

Noboa asumió la presidencia con la promesa de establecer «seguridad» y, tras ser reelegido, ha defendido su enfoque de «mano dura» como un sello distintivo de su gestión. Sin embargo, a pesar de ganar las elecciones con una amplia mayoría, la difícil situación del país ha llevado a un descalabro en su capital político. Ahora, Noboa busca reforzar su posición para promover una Constitución que se alinee con su visión.

La politóloga ecuatoriana Dolores Ordóñez señala que la estrategia de realizar consultas populares no es nueva y ha sido utilizada por gobiernos anteriores para medir el apoyo popular y legitimar su poder mediante preguntas que no conllevan un alto costo político, combinándolas con cuestiones más estratégicas.

En abril de 2024, Noboa llevó a cabo una consulta centrada en la violencia, donde se aprobaron nueve de las once preguntas planteadas; sin embargo, la crisis de inseguridad persiste sin cambios significativos. El presidente argumenta que la actual Constitución es demasiado flexible con los criminales, señalando que protege los derechos de los encarcelados y establece la prisión preventiva como una medida excepcional.

Noboa ha intentado varias reformas a la Constitución a través de la Asamblea Nacional, pero todas han sido bloqueadas por la Corte Constitucional, el principal órgano de garantías del país. Este tribunal se ha convertido en el único contrapeso a su proyecto político, lo que ha llevado al presidente a buscar un camino hacia una Asamblea Constituyente que le permita reformar la ley fundamental.

La actual Constitución, instaurada por el ex presidente Rafael Correa en 2008, simboliza un legado que sus rivales políticos están decididos a erradicar. Noboa, considerado un líder con tendencias autoritarias, busca consolidar su poder aprovechándose de las ansias de cambio de una sociedad marcada por la violencia y múltiples crisis.

La oposición, incluidos movimientos indígenas, ha prometido votar «No» en las cuatro preguntas del referéndum. El descontento ha crecido tras recientes protestas contra el aumento del precio del diésel, que resultaron en una dura represión y la muerte de manifestantes a manos del Ejército.

Además de su agenda política, Noboa busca implementar un marco económico neoliberal que facilite la inversión extranjera. La actual Constitución limita la jurisdicción extranjera y restringe tratados bilaterales de inversión, lo que, según los críticos, obstaculiza el desarrollo económico del país.

A pocos días de las elecciones, altos funcionarios estadounidenses han visitado Ecuador, lo que refleja el interés de Estados Unidos en establecer una nueva base militar en el Pacífico central, en un contexto de creciente presión contra el narcotráfico. Noboa ve en Washington un aliado en la lucha contra el crimen organizado, aunque algunos analistas advierten que esto podría implicar una injerencia en la soberanía del país.

El referéndum también plantea la cuestión de reducir el número de asambleístas de 151 a 73, lo que podría concentrar el poder legislativo en el Ejecutivo y silenciar voces opositoras. Además, se propone eliminar el financiamiento público a los partidos, lo que podría dificultar la representación política en un sistema ya desigual.

Las organizaciones sindicales han convocado movilizaciones en rechazo al referéndum, argumentando que busca desmantelar logros sociales como la gratuidad en la educación superior y la seguridad social. A medida que se acerca la fecha de votación, el escepticismo crece entre los ciudadanos, quienes observan el proceso con preocupación y una mezcla de esperanza y desconfianza.