Las autoridades del departamento de Guaviare han señalado que la reciente ola de violencia que afecta a la región se debe a varios grupos disidentes de las FARC. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) expresó el lunes 7 de julio de 2025 su «profunda preocupación» por el deterioro de la seguridad en Guaviare, donde continúan las amenazas y ataques que impactan a civiles, líderes sociales, periodistas y funcionarios.

En un comunicado oficial, la MAPP/OEA alertó sobre el avance de organizaciones armadas ilegales, así como las disputas y acciones violentas que «vulneran gravemente los derechos de las comunidades, provocan desplazamientos forzados, confinamientos y afectan el ejercicio legítimo de funciones institucionales». En Guaviare, un departamento que se encuentra en la intersección de la Orinoquía y la Amazonía, operan varios grupos disidentes de las FARC, a quienes las autoridades atribuyen la actual situación de violencia.

«La paz requiere valentía, escucha y acciones conjuntas. No podemos permitir que la violencia silencie voces ni obstruya los caminos construidos», advirtió la organización, instando al Estado colombiano a fortalecer su presencia en la región y a garantizar la seguridad, así como a fomentar espacios de diálogo con las instituciones locales y regionales.

El clima de miedo e intimidación entre la población civil también fue condenado por la misión de la OEA, que exigió el cese inmediato de los actos que «atentan contra la vida, la integridad y la dignidad humana», enfatizando que «ningún objetivo justifica el uso del terror ni la afectación a la población civil». Este pronunciamiento respaldó las alertas previamente emitidas por la Alcaldía de San José del Guaviare y la Defensoría del Pueblo, reiterando su compromiso de trabajar de la mano con las comunidades e instituciones «promoviendo el respeto a los derechos humanos, el diálogo y una presencia institucional efectiva como pilares para una paz real y concreta».

En las últimas semanas, Guaviare ha sido testigo de varios incidentes violentos que evidencian el aumento del conflicto armado en la región. El sábado, el periodista Gustavo Chicangana Álvarez, conocido como Gustavo Chica, y su esposa fueron víctimas de un atentado a bala en San José del Guaviare, a pesar de contar con medidas de protección debido a amenazas previas de grupos armados ilegales. Días antes, en el municipio de Calamar, cinco personas fueron asesinadas por presuntos miembros de las disidencias de las FARC, un hecho que conmocionó a la población local y encendió alarmas sobre la fragilidad de la seguridad en el área.

Además, comunidades campesinas e indígenas han denunciado confinamientos, desplazamientos forzados y restricciones impuestas por actores armados ilegales que luchan por el control de rutas estratégicas para el narcotráfico y otras economías ilícitas.