La justicia argentina decidió la semana pasada que la expresidenta Cristina Fernández continuará bajo arresto domiciliario y seguirá usando una tobillera electrónica. (Imagen de archivo: 11.06.2025) Imagen: Natacha Pisarenko/AP/picture alliance.

El martes (15.07.2025), un tribunal argentino ordenó a Fernández y a otros ocho condenados en la causa Vialidad que paguen 685.000 millones de pesos (equivalentes a 537 millones de dólares) como parte de la ejecución de la pena por irregularidades en la concesión de obras viales. El Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2) determinó que Fernández debe afrontar este pago junto a exfuncionarios de su administración y empresarios, debido al “daño causado al erario público”.

En un plazo de 10 días hábiles, la exmandataria deberá depositar su parte del monto total en efectivo en una cuenta habilitada por la Justicia en el Banco de la Nación Argentina. Si no cumple con este plazo, se activará un proceso de remate de las propiedades que ya han sido embargadas.

Este caso ha sido calificado como «un gravísimo hecho de corrupción». Además de Fernández, también deberán hacer frente a estos pagos el empresario Lázaro Báez y los exfuncionarios José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, quienes se encuentran en prisión.

El TOF 2 estableció el monto a pagar a través de peritos contables oficiales y definió las maniobras realizadas durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández como un “daño al erario público” y un “gravísimo hecho de corrupción”. Los jueces también desestimaron la evaluación contable presentada por la defensa, que solicitaba un monto significativamente menor (42.000 millones de pesos, aproximadamente 33 millones de dólares). Se anticipa que Fernández y los demás condenados apelarán esta decisión del TOF 2.

Desde el mes pasado, Fernández se encuentra bajo arresto domiciliario tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La Justicia argentina ratificó recientemente que la expresidenta debe continuar en su situación actual de arresto domiciliario, con la obligación de solicitar autorizaciones especiales para recibir visitas que no estén en la lista de familiares y personas esenciales presentada al inicio de su condena.

En su resolución, los tribunales argentinos dictaminaron que la ubicación de la condena de Fernández no debería modificarse, a pesar de las constantes manifestaciones de militantes peronistas que, desde el comienzo de su encierro, han estado ocupando las calles aledañas para expresar su apoyo, lo que podría considerarse un inconveniente para el barrio y sus residentes. (gs – efe, Clarín)