La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela reanudó las deliberaciones sobre un proyecto de ley que regularía a las organizaciones no gubernamentales consideradas por la sociedad civil y los organismos internacionales como una amenaza al «derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública».

Luego de que avanzó el debate y varios miembros aprobaron, la AN, de mayoría oficialista, aplazó la segunda discusión para la «próxima sesión» sin precisar fecha. Las sesiones del parlamento suelen ser los martes y jueves.

El gobierno dice que la «Ley de Supervisión, Regulación, Operación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines» busca garantizar la transparencia y crear un sistema para revisar la rendición de cuentas de los agentes que reciben financiamiento nacional o extranjero.

El argumento del legislador oficialista también se basa en que en Venezuela existen al menos 62 organizaciones no gubernamentales financiadas por gobiernos extranjeros, incluido Estados Unidos, que trabajan con fines políticos con el objetivo de «generar desestabilización».

El Parlamento, que ha avanzado hacia la aprobación del artículo 29 del proyecto de ley, acordó reanudar este miércoles las consultas para aprobar en los próximos días la «Ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares», que prohibirá los mensajes que promuevan la violencia como método de acción política y prevé severas sanciones penales y administrativas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (RELE CIDH) instaron a la AN a abstenerse de aprobar el proyecto de ley que restringe a las ONG.

“Esta ley limitaría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública en el contexto del cierre del espacio cívico. El trabajo de los defensores de derechos humanos es clave para reconstruir una sociedad democrática», escribieron en X este martes.

Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre libertad de asociación y reunión, recordó que a fines del año pasado se envió una carta al gobierno venezolano presentando observaciones sobre las «restricciones inconsistentes» que, según afirman, establece el marco legal.

«La reanudación del estudio del proyecto de ley se produce en el contexto de una brutal represión postelectoral contra activistas, periodistas, abogados, ONG, etc., que ha creado una atmósfera de miedo generalizado en Venezuela», dijo en X.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, Este martes expresó su preocupación para la eventual adopción de ambas leyes.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó este lunes a acelerar la legislación contra el «fascismo», para regular las redes sociales y exigió a las instituciones estatales adoptar «mano de hierro» contra quienes promueven actos de violencia y odio, tras las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales. . Las elecciones del 28 de julio, que según los fiscales dejaron 25 muertos.

El organismo electoral de Venezuela declaró a Maduro ganador de las elecciones, pero la oposición insiste en que las copias de las actas conservadas por sus testigos y publicadas en un sitio web muestran que la victoria fue para el candidato presidencial Edmundo González Urrutia con más del 67% de los votos. .

El gobierno acusó a González Urrutia y a la líder opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias presidenciales opositoras pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, de promover el «fascismo» en el país.

En enero de este año, la Academia Nacional de Ciencias inició consultas públicas sobre el proyecto de Ley de supervisión, regulación, actividad y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y del Instituto Nacional de Salud Pública.

Su aprobación en la primera discusión, en enero de 2023, fue cuestionada por representantes de al menos 400 organizaciones, que advirtieron que se dio por «vías exprés» y que no se siguieron los procedimientos legislativos. Advirtieron también que la ley pretende «ilegalizarlos» de forma masiva, como ocurrió en Nicaragua, así como «suprimir» el derecho de asociación.

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