La presidenta Dina Boluarte informó que la actividad minera en la provincia de Pataz, que cuenta con aproximadamente 88.000 habitantes, se «suspenderá por 30 días para facilitar la instalación de las fuerzas armadas y la policía» en una base militar. (Imagen de archivo) Imagen: Ernesto Benavides/AFP/Getty Images.

El gobierno peruano declaró el lunes (05.05.2025) un toque de queda en el distrito de Pataz, tras el hallazgo de 13 trabajadores muertos, quienes estaban vinculados a una de las principales compañías mineras de oro del país, según anunció la presidenta Boluarte. Las víctimas, empleados de una empresa contratista de la mina Poderosa, fueron encontradas sin vida en un socavón minero de Pataz, días después de que se denunciara su secuestro en esa área.

«Se establece el toque de queda en toda la jurisdicción de Pataz desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana», declaró Boluarte en un pronunciamiento que forma parte de las medidas para combatir el crimen organizado relacionado con la minería ilegal. «Las Fuerzas Armadas asumirán el control total en la zona de la mina Poderosa», añadió la mandataria, acompañada de sus ministros y altos mandos militares y policiales en el Palacio de Gobierno.

Boluarte también anunció la suspensión de la actividad minera en Pataz para facilitar la llegada de las fuerzas de seguridad. La minería es un motor económico vital en Perú, que se posiciona como uno de los mayores productores de oro en América Latina. Pataz, situada a unos 900 kilómetros de Lima, está en estado de emergencia desde febrero de 2024 debido al aumento de la violencia provocada por la fiebre del oro.

«Todos somos conscientes de que la minería ilegal genera millones, mucho más que lo que produce el narcotráfico. Debemos luchar y ganar esta batalla», enfatizó Boluarte en su declaración, transmitida por la televisión estatal. Entre 2013 y 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú detectó operaciones sospechosas por un total de 8.241 millones de dólares, presuntamente relacionadas con la minería ilegal.

El país enfrenta una ola de extorsiones y violencia criminal que ha llevado a las autoridades a declarar el estado de emergencia en varias regiones. (gs – afp, efe)