Perú rechazó el jueves una Informe de Amnistía Internacional lo que confirma que la presidenta Dina Bolwarte debe ser investigada como posible autora intelectual de las graves violaciones de derechos humanos que provocaron la muerte de 50 civiles durante las protestas que exigían su renuncia entre 2022 y 2023.

El Primer Ministro Gustavo Adriansen dijo a la prensa que el Estado no responde ante organizaciones no gubernamentales, sino que «trata directamente con organizaciones internacionales».

«Rechazamos categóricamente cada sección del informe… especialmente cuando intenta erróneamente atribuir al presidente la responsabilidad mediadora de los hechos ocurridos en las protestas», dijo.

Las manifestaciones estallaron en Perú el 7 de diciembre de 2022. después El Congreso despidió al entonces presidente Pedro Castilloquien poco antes intentó clausurar el Congreso pero no contó con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Le sucedió en el cargo Boluarte, que era vicepresidente.

Los manifestantes, en su mayoría indígenas de los Andes del sur que habían votado abrumadoramente por Castillo, exigieron la renuncia de Bolwarte, quien prometió renunciar si Castillo era destituido del Congreso. Después de todo Castillo fue encarcelado y el tribunal le impuso medida preventiva de prisión por tres años mientras es investigado por los delitos de sedición y corrupción.

Madeline Penman, investigadora de Amnistía para América del Sur, dijo en conferencia de prensa que hicieron un análisis jurídico «de todas las decisiones y omisiones del presidente durante tres meses, y en base a ese análisis llegamos a la conclusión que confirma que Dina Bolwarte «Se la puede considerar intermediaria (autora intelectual) de las graves violaciones de derechos cometidas durante las protestas».

Para este análisis, Amnistía revisó los conceptos desarrollados por la Corte Suprema de Perú en su decisión de 2009 en la que condenó al ex Presidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión como autor directo del asesinato de 25 peruanos, entre ellos un niño, a manos de de un grupo militar que operó bajo su conocimiento durante su gobierno (1990-2000).

«En el caso de Dina Boluarte se cumplirían los requisitos de prueba de autoría indirecta establecidos por la Corte Suprema del Perú», afirmó Penman.

Una caja de relojes de lujo llega al Congreso del Perú

El Congreso de Perú aceptó este jueves a consideración una denuncia del Fiscal General contra la presidenta Dina Bolwarte para procesarla tras finalizar su mandato. presunto caso de corrupción por lo recibido relojes y joyas de lujo del gobernador regional.

La comisión legislativa que maneja las acusaciones contra altos funcionarios inició el proceso, que podría durar meses e incluir varias fases en el Congreso, para investigar una denuncia presentada en mayo por el fiscal general Juan Villena. Acusó a Boluarte como presunto autor del delito de cohecho pasivo ilícito.

Según la Constitución, el Congreso debe esperar hasta que Boluarte finalice su mandato en 2026 para que la acusación pueda ser devuelta a la Fiscalía y, en su caso, esta pueda imputarlo ante un juez.

Los únicos casos en los que un presidente puede ser acusado a mitad de mandato son por traición, disolución del parlamento, impedir elecciones o suspender el Tribunal Electoral.

Según la investigación de la fiscalía, el presidente habría recibido relojes y joyas Rolex como donación del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. El delito de cohecho, también llamado cohecho, es una variante del delito de corrupción en la legislación peruana.

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