Gustavo Petro, el presidente de Colombia, anunció el viernes 20 de junio de 2025, que en las elecciones legislativas de marzo de 2026 se proporcionará una boleta para convocar a una asamblea nacional constituyente. «El pueblo ha despertado. Ha visto en tiempo real quiénes están a su lado, quiénes lo critican y lo descalifican, y quiénes intentan silenciarlo. Ahora, ese conocimiento popular debe manifestarse en el lugar donde el pueblo es soberano: en las urnas», expresó el mandatario en un mensaje publicado en X, refiriéndose a la reciente aprobación de su reforma laboral en el Congreso.
En el mismo comunicado, Petro anunció su intención de derogar un decreto que convocaba una consulta popular el 7 de agosto para discutir la reforma laboral, y además, propuso la creación de una asamblea constituyente con el objetivo de modificar la Constitución de 1991. «Espero que millones se pronuncien para que el próximo gobierno y el congreso tengan el mandato de construir un Estado social de derecho, promover la justicia social, fomentar una democracia participativa y alcanzar la paz», agregó.
Sin embargo, esta iniciativa ha encontrado una fuerte oposición. Desde hace meses, Petro y algunos de sus colaboradores han considerado la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, lo cual ha sido rechazado por diversos sectores, incluyendo expertos en derecho constitucional, quienes argumentan que la actual Constitución colombiana ya garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos.
El 11 de junio, al anunciar la consulta popular, Petro insinuó que la opción de una asamblea constituyente estaba sobre la mesa, señalando que la Constitución de 1991 planteaba un Estado social de derecho, aunque muchos políticos y magistrados se limitan a hablar de «Estado de derecho», un concepto que se deriva de la Constitución de 1986, que estuvo vigente durante gran parte del siglo XX.
Aunque Petro no proporcionó más detalles sobre su propuesta en esta ocasión, de llevarse a cabo, en las elecciones para el Senado y la Cámara de Representantes el 8 de marzo de 2026, los votantes recibirían, además de las boletas con los nombres de los candidatos, una papeleta para manifestar si están de acuerdo o no con la convocatoria de una asamblea constituyente. Para que esta votación sea válida, debe participar al menos un tercio del censo electoral, lo que equivale a un mínimo de 13,6 millones de los 40,9 millones de votantes en el país.