Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador. (Imagen de archivo 29.08.2017) Foto: Daniel Tapia/dpa/picture alliance. Este domingo, 22 de junio de 2025, la Fiscalía de Ecuador solicitó que se declare culpable a Jorge Glas por presunta malversación de fondos públicos (peculado) en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016 en Manabí. La Fiscalía pidió además una pena de 13 años de prisión.

Durante su alegato final, se solicitó que tanto Glas como el exfuncionario Carlos Bernal paguen una multa de 70 salarios básicos unificados, equivalentes a 32,900 dólares, y que se les ordene una reparación material de 225,395,910.12 dólares, que es el perjuicio estimado que se causó al Estado.

Glas se defendió de las acusaciones, afirmando que no manejó personalmente el dinero del proceso de reconstrucción: «No administré ni un solo dólar. Este juicio es por peculado, y no pude distraer fondos porque nunca tuve dinero bajo mi administración», declaró durante la audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Además, Glas enfatizó: «No me he robado un centavo porque nunca he asignado ni administrado un dólar. Priorizar proyectos no es lo mismo que contratarlos. Señores magistrados, me estoy jugando la vida; la Fiscalía pretende enviarme 13 años a la cárcel por hacer mi trabajo».

Durante la apertura del caso ‘Reconstrucción’ el pasado martes, la Fiscalía argumentó que «no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto» y que los fondos fueron desviado para la construcción de obras no prioritarias, como el Parque Las Vegas y el acceso al puerto de Manta. Según el comunicado, los investigadores concluyeron que el financiamiento de estos proyectos provenía de la Ley de Solidaridad, creada para mitigar los daños del sismo.

La Ley de Solidaridad tenía como objetivo «recaudar contribuciones sobre la remuneración de todos los trabajadores ecuatorianos» para reconstruir infraestructuras públicas y privadas dañadas y reimpulsar la actividad económica en las zonas más afectadas. «Este dinero de los ecuatorianos se destinó a 11 proyectos no prioritarios que beneficiaron a intereses particulares en la asignación y firma de contratos», indicó el Ministerio Público.

La Fiscalía también resaltó que una auditoría de contratación pública reveló «formas de pago antitécnicas», como el pago por hora de uso de maquinaria en lugar de por volumen. Asimismo, se demostró que varias obras se ejecutaron en terrenos no aptos o en zonas que no sufrieron daños por el terremoto.

Además de Glas, el exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal, está acusado en el caso ‘Reconstrucción’, y la Fiscalía también pide 13 años de prisión para él.

Otras causas de Glas incluyen condenas previas por corrupción relacionadas con el caso Odebrecht y el escándalo de Sobornos, que lo llevaron a cumplir una pena de ocho años de prisión. A finales de 2022, fue excarcelado debido a una controvertida resolución judicial, pero en 2023, al enterarse de que la Fiscalía lo procesaría nuevamente por el caso ‘Reconstrucción’, buscó asilo en la Embajada de México en Quito.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó el asalto a la sede diplomática mexicana para detener a Glas el 5 de abril de 2024, después de que se le concedió asilo por considerarlo un «perseguido político». Este incidente provocó una ruptura en las relaciones entre Ecuador y México y llevó a un litigio en la Corte Internacional de Justicia, donde México acusó a Ecuador de violar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, mientras que Ecuador acusó a México de contravenir los tratados de asilo diplomático.