En un reciente mensaje en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro mostró su respaldo al senador estadounidense demócrata Adam Schiff, quien ha anunciado su intención de promover una votación para impedir que el presidente Donald Trump utilice las Fuerzas Armadas en operaciones navales contra embarcaciones en el mar Caribe. «El senador Adam Schiff tiene razón. Actualmente estoy en una reunión con gobiernos europeos y compartiré esta misma postura», escribió el mandatario.
Además, dos altos funcionarios de la administración Trump confirmaron al New York Times que había ciudadanos colombianos a bordo de al menos una de las embarcaciones atacadas por las fuerzas militares estadounidenses en aguas del Caribe. Estos informantes, que pidieron no ser identificados por motivos de seguridad nacional, no aclararon cuál de los cinco bombardeos registrados en el último mes resultó en víctimas colombianas. Este informe respalda las afirmaciones de Petro, quien había declarado contar con pruebas sobre la muerte de compatriotas en estos operativos.
“El Caribe se ha convertido en un nuevo escenario de guerra. Las evidencias indican que la última lancha bombardeada era colombiana, con ciudadanos colombianos a bordo. Espero que las familias se manifiesten y presenten sus denuncias”, afirmó Petro, según lo citado por el diario estadounidense.
El presidente agregó que no se trata de una lucha contra el contrabando, sino de una guerra por el petróleo que «debe ser detenida por el mundo». «La agresión es contra toda América Latina y el Caribe», subrayó, refiriéndose a lo que considera un patrón de intervenciones militares que amenazan la soberanía de la región.
Según la investigación de The New York Times, el ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos cuatro ataques letales contra embarcaciones civiles en el Caribe desde inicios de septiembre, aunque se ha mencionado que el número actual podría ser de hasta ocho, con un saldo de 21 muertos. La administración Trump ha defendido esta ofensiva como parte de una campaña contra presuntos narcotraficantes vinculados al régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar una organización terrorista que «inunda a Estados Unidos con drogas».
El periódico destaca que es la primera vez que otro país denuncia la muerte de sus ciudadanos en bombardeos estadounidenses. También menciona que analistas legales consideran estos ataques ilegales, pues carecen de una base jurídica clara y violarían el principio de uso proporcional de la fuerza en aguas internacionales. Trump ha afirmado que los muertos eran narcotraficantes, aunque no ha presentado pruebas ni ha identificado públicamente las nacionalidades de las víctimas en los ataques recientes.
El New York Times informa que tras las declaraciones del presidente Petro, la Casa Blanca tildó sus afirmaciones de “infundadas y reprobables” y ha intentado presionar al mandatario colombiano para que se retracte. Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato, indicó que una rectificación «permitiría a ambos países centrarse nuevamente en fortalecer su relación bilateral», sugiriendo que las declaraciones del presidente han tensado los lazos entre Bogotá y Washington.
Los señalamientos de Petro se producen en medio de una serie de bombardeos ordenados por la administración Trump contra embarcaciones en el Caribe, en los que, según informes del Pentágono, varios tripulantes acusados de narcotráfico habrían muerto. Desde septiembre, Trump ha informado en redes sociales sobre al menos cuatro ataques en aguas cercanas a Venezuela y en el arco insular del Caribe, pero no se ha presentado evidencia concluyente sobre la carga o el origen de las embarcaciones.
El senador Adam Schiff, junto con su colega Tim Kaine, ha cuestionado la legalidad de estas operaciones, recordando que el Congreso de Estados Unidos no ha autorizado el uso de la fuerza militar en la región, lo que «podría arrastrar a Estados Unidos a otra guerra».
Organizaciones como la International Peace Bureau (IPB) han advertido que el aumento de destructores y submarinos estadounidenses en el Caribe incrementa el riesgo de una escalada bélica. Gobiernos latinoamericanos y europeos han expresado su preocupación por la falta de control civil sobre las operaciones militares, mientras que Rusia y Venezuela han calificado los ataques como «acciones unilaterales» que amenazan la estabilidad del hemisferio. La postura del presidente Petro es parte de una política exterior que defiende el multilateralismo y reafirma la soberanía regional frente a posibles intervenciones militares, buscando que América Latina y el Caribe actúen con una voz unida ante lo que considera una amenaza compartida.
