En un contundente pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro Urrego instó a la Fiscalía General de la Nación a abrir investigaciones formales contra aquellos responsables de la usurpación de tierras campesinas que han caído en manos de narcotraficantes, paramilitares y otros grupos criminales. Durante un acto de entrega de tierras en el Magdalena Medio, el mandatario exigió que se divulguen los nombres de los implicados, incluyendo a servidores públicos y, potencialmente, congresistas.
“Decenas de miles de hectáreas alrededor de Barrancabermeja están bajo el control de testaferros tras haber sido devueltas por los paramilitares. Funcionarios de la Unidad de Víctimas han sido cómplices en este robo”, afirmó el presidente. También llamó “traidores a la patria” a los servidores públicos que facilitaron estas operaciones ilegales, subrayando que “son más criminales que los paramilitares” por haber devuelto las tierras a los victimarios en lugar de repararlas a sus verdaderos dueños.
En el evento, más de 4.500 hectáreas fueron entregadas a comunidades campesinas como parte del proceso de Reforma Agraria del Gobierno. Estas tierras, que habían estado bajo el control de exjefes paramilitares como ‘Macaco’, ‘Ruso’, ‘Tomate’ y el narcotraficante Alonso de Jesús Daza Lopera, habían estado bajo extinción de dominio durante más de diez años, pero seguían siendo operadas por estructuras criminales hasta su reciente recuperación.
El presidente también dio instrucciones al director de la Policía, general Carlos Triana, para que la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) designe un grupo especial de oficiales que protejan a los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) encargados de estas labores de recuperación. “Los funcionarios de la Unidad de Víctimas se las entregaron una vez más a los victimarios y a senadores de la República”, añadió.
El acto en Barrancabermeja reunió a más de 1.500 campesinos y campesinas, además del director de la ANT, Felipe Harman, y representa un avance en la implementación del convenio firmado en 2024 entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que prevé la distribución de 24.336 hectáreas para la Reforma Agraria en la región del Magdalena Medio.
“Para garantizar la seguridad en Colombia, es vital que haya justicia para el campesinado”, concluyó el presidente, reafirmando así el compromiso del Gobierno con la justicia social y la reparación de las víctimas del conflicto armado a través del acceso a la tierra.