El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció a principios de 2024 el inicio de un «conflicto armado interno» contra las organizaciones criminales, a las que describió como «terroristas», en medio de un aumento de la violencia sin precedentes en el país. (Archivo 26.03.2024) Imagen: Santiago Arcos/REUTERS.
Siete de los ocho acusados en Ecuador por presuntamente vender armas de la Policía a grupos delictivos, entre los que se incluyen cinco agentes, fueron enviados a prisión provisional el viernes (04.07.2025) por orden de la jueza, tras considerar las solicitudes de la Fiscalía, según un comunicado del Ministerio Público.
Los cinco agentes implicados estaban en servicio activo durante las supuestas actividades delictivas, calificadas por la Fiscalía como delincuencia organizada. Las investigaciones policiales comenzaron el 13 de enero de 2025, y descubrieron que el cabo Francisco P., encargado del Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística de la Policía Nacional, había «sustraído municiones para fusiles calibre 5.56 milímetros y proyectiles de 9 milímetros para pistolas».
Los agentes fungían como intermediarios para trasladar municiones a las bandas criminales a través de un taxista, quien también fue procesado, utilizando empresas de transporte interprovincial de Guayas, provincia cuya capital es Guayaquil, uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal que afecta a Ecuador.
En el marco del operativo denominado «Depuración Azul», liderado por la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional, se realizaron detenciones en la mañana del 3 de julio. «Se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en las provincias de Pichincha, Guayas, Imbabura y Cotopaxi», donde se encontraron armas de fuego, municiones, computadoras y documentación relevante para la investigación. Según informó la Policía Nacional, el operativo resultó en un total de 10 detenidos. jc (efe, La Hora)