La Justicia de Ecuador dictó este domingo prisión preventiva y otras medidas alternativas para 17 personas detenidas, entre jueces provinciales, funcionarios y abogados, en un caso que investigan los fiscales por crimen organizado que beneficia a delincuentes a través de sentencias judiciales.

La Fiscalía General informó en su perfil de la red social sobre la prohibición de salida del país a una mujer embarazada.

También se ordenó congelar las cuentas bancarias de los afiliados por un total de un millón de dólares.

Los 17 implicados fueron detenidos la víspera en varios operativos en distintas provincias del país andino, entre ellos jueces de las unidades judiciales de las ciudades de Santo Domingo, Huaquias y Milagro.

Estos nuevos acusados ​​se suman a otras 14 personas vinculadas al caso, denominado Plaga, que según los fiscales está investigando una red de corrupción que maneja la venta de sentencias favorables, exenciones de multas y otras acciones legales específicamente para miembros de grupos del crimen organizado.

Según la fiscal Diana Salazar, el líder de la organización es un abogado prófugo de la justicia y que también es investigado en otro caso relacionado con el narco asesinado en 2022, Leandro Norero.

Durante la audiencia, que se extendió desde la tarde del sábado hasta la mañana del domingo, la Fiscalía dijo, por ejemplo, que un juez de Santo Domingo, a quien identificó como Jorge Eduardo A., había liberado a un socio del líder de Los Lobos, Fabricio Colón Pico, a cambio de el pago en $70,000.

El grupo criminal Los Lobos, considerada una de las organizaciones narcotraficantes más grandes del país y vinculada a los cárteles mexicanos, fue sancionada a principios de junio por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al congelar sus activos e intereses en el país norteamericano.

Colón Pico, por su parte, fue detenido tras ser acusado directamente por el fiscal de planear un atentado en su contra. Tiene antecedentes penales de más de 30 años y 17 arrestos, según las autoridades.

Otros jueces harían lo mismo con pagos que oscilan entre $30,000 y $60,000, dijeron los fiscales durante la audiencia.

Ecuador vive una ola de violencia que las autoridades atribuyen a las actividades de grupos del crimen organizado vinculados al narcotráfico y organizaciones transnacionales.

Desde enero, el gobierno ha declarado al país en estado de conflicto armado interno y ha designado como objetivos militares a 22 organizaciones que clasifica como terroristas, entre ellas Los Lobos.

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