La Procuraduría General de la Nación ha instado al presidente del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico a asegurar que el proceso de modificación de los estatutos de la institución cumpla con la legalidad, la equidad y los derechos de toda la comunidad educativa. Este pronunciamiento se realizó en el contexto de una vigilancia preventiva que el organismo de control está llevando a cabo sobre dicho procedimiento.

La entidad enfatizó que, aunque la autonomía universitaria es un principio consagrado en la Constitución, “no puede considerarse absoluto” y debe interpretarse “en concordancia con el orden legal y constitucional aplicable al servicio público de la educación”. Según la Procuraduría, el seguimiento tiene como objetivo garantizar que el proceso de reforma respete el principio de legalidad y no perjudique el interés general.

Además, el organismo recordó que cualquier acción del Consejo Superior debe fundamentarse en los principios de seguridad jurídica, igualdad ante la ley y equidad. “La vigilancia preventiva busca asegurar el debido proceso y la plena garantía de los derechos de la comunidad académica”, afirmó la Procuraduría, que también solicitó al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico un informe detallado sobre el procedimiento de modificación de los estatutos, así como los soportes técnicos y jurídicos que lo sustentan.

En su evaluación, la Procuraduría subrayó la importancia de que las modificaciones normativas en las universidades públicas sean transparentes, bien fundamentadas y cuenten con mecanismos de participación. Además, resaltó que la modificación de los estatutos no debe convertirse en un medio para vulnerar derechos o imponer reformas que se alejen del interés institucional y colectivo.

El órgano de control reafirmó su compromiso con la defensa del interés general y el fortalecimiento de la educación pública, indicando que tomará las acciones necesarias si se detectan irregularidades en el procedimiento o en el contenido de la reforma estatutaria. Finalmente, se espera que el Consejo Superior envíe el informe solicitado y continúe el diálogo institucional para abordar cualquier inquietud o controversia relacionada con el proceso en curso.