La Corte Constitucional ha decidido, por unanimidad de su Sala Plena, devolver a la Cámara de Representantes la Ley 2381 de 2024, que establece un sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común. Esta decisión se tomó tras detectar un vicio de procedimiento durante el segundo debate de la ley.

El fallo se fundamenta en que la Plenaria de la Cámara no cumplió con los requisitos constitucionales necesarios para discutir y votar válidamente una propuesta sustitutiva esencial presentada por varios congresistas, entre ellos María del Mar Pizarro. La Corte consideró que esto infringió el principio democrático y los derechos de las minorías.

Por otra parte, el magistrado Reyes enfatizó que no se puede ignorar una votación realizada de acuerdo con el reglamento, ya que hacerlo significaría “suprimir una decisión del Congreso”, afectando así la validez de la norma. Además, la Corte identificó errores en la numeración de artículos y la falta de registros completos en la Gaceta del Congreso, lo que comprometió la transparencia del proceso legislativo.

En cuanto a las acusaciones de obstruccionismo por parte de la oposición, la Corte desmintió tales reclamos al señalar que solo el 13 % de las proposiciones presentadas provenían de la oposición, mientras que el 61 % fueron propuestas por partidos de gobierno.

Finalmente, la Corte ha suspendido la entrada en vigor de la Ley 2381 y el avance de todas las demandas en curso en su contra, hasta que se lleve a cabo nuevamente el debate en la Cámara y el caso sea remitido al tribunal. La ley solo podrá entrar en vigor si supera esta nueva fase legislativa y el posterior control de constitucionalidad.