Human Rights Watch (HRW) ha acusado al grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, de cometer crímenes de guerra al deportar a más de 1.500 personas desde la República Democrática del Congo (RDC) hacia Ruanda. Esta situación se produce en medio de un contexto de tensión en el este de la RDC, donde las autoridades de ambos países han alcanzado un acuerdo provisional de paz durante conversaciones mediadas por Catar en Washington, que se espera que se firme oficialmente el 27 de junio.

El acuerdo, basado en una declaración bilateral del 25 de abril, incluye compromisos como el respeto a la integridad territorial, la prohibición de hostilidades, así como la retirada y desarme de grupos armados. A pesar de la gravedad de la situación, el documento no menciona directamente al M23 ni a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).

HRW ha denunciado que el M23 ha estado involucrado en traslados forzosos de civiles, lo que constituye un crimen de guerra según los Convenios de Ginebra. La organización ha instado tanto al Gobierno de Ruanda como al M23 a cesar inmediatamente estos traslados, que han incluido a ciudadanos congoleños y refugiados ruandeses. La investigadora Clémentine de Montjoye ha subrayado que el apoyo militar de Ruanda al M23 ha sido crucial para que este grupo pueda llevar a cabo tales acciones.

Además, HRW ha criticado la labor de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que utiliza instalaciones en Goma que han sido empleadas por el M23 para deportar a personas hacia Ruanda. La ONG ha expresado preocupación por la seguridad de los deportados, quienes temen represalias en su regreso a Ruanda.

A pesar de las acusaciones, el acuerdo de paz representa un intento de los gobiernos de RDC y Ruanda de abordar la violencia y fortalecer el diálogo en la región, con un enfoque en la seguridad y la estabilidad. Sin embargo, la situación de los derechos humanos sigue siendo crítica y requiere atención internacional para garantizar la protección de las personas afectadas.