El panorama político en Colombia ha dado un giro drástico hacia la confrontación institucional. Lo que comenzó como un intento del Gobierno Nacional por centralizar recursos para atender una crisis económica bajo la figura de «Emergencia Económica, Social y Ecológica», ha desencadenado una resistencia sin precedentes por parte de los mandatarios departamentales. Un bloque sólido de gobernadores ha manifestado su rotundo rechazo a la implementación de nuevos gravámenes, calificando las medidas de «invasivas», «técnicamente defectuosas» y «lesivas para la autonomía regional».
​Esta disputa no es solo un desacuerdo administrativo; representa una fractura profunda en la interpretación del modelo de descentralización del país y pone en jaque la ejecución de programas sociales vitales que dependían de este nuevo recaudo fiscal.

​El Origen del Conflicto: El Decreto 1474 de 2025
​La chispa que encendió la polémica fue la expedición del Decreto 1474 de 2025. Bajo el amparo de la emergencia económica, el Ejecutivo nacional dispuso un incremento sustancial en los impuestos al consumo de licores y cigarrillos, además de elevar el IVA en ciertos productos del 5% al 19%.
​El argumento de la Casa de Nariño es claro: se requieren aproximadamente 16 billones de pesos para sanear las deudas acumuladas del sistema de salud y financiar proyectos de inversión social de carácter inmediato. Para el Gobierno Central, la emergencia es la única herramienta expedita para captar estos fondos sin pasar por el largo trámite legislativo del Congreso.

​Los Argumentos de la Resistencia Regional
​Los gobernadores, liderados por figuras de departamentos como Antioquia, Santander y Huila, agrupados en la Federación Nacional de Departamentos (FND), han presentado una contraargumentación técnica y jurídica basada en tres pilares fundamentales:

• ​Vulneración de la Autonomía Territorial: Los mandatarios alegan que el impuesto al consumo es una renta cedida a los departamentos. Según la Constitución de 1991, estos recursos deben ser gestionados por las regiones. Al intervenir estas tarifas de forma unilateral, el Gobierno Central estaría «asfixiando» fiscalmente a los entes territoriales.
• ​Riesgo de Ilegalidad y Contrabando: Los expertos regionales advierten que un incremento desmedido en el precio final de los licores y el tabaco (que podría oscilar entre el 40% y el 47%) disparará el contrabando. Esto generaría un efecto «bumerán»: al intentar recaudar más, se terminaría recaudando menos debido al fortalecimiento de las mafias de productos ilegales.
• ​Afectación a Salud y Educación: Paradójicamente, el recaudo de estos impuestos es la principal fuente de financiación para la salud y el deporte en los departamentos. Los gobernadores sostienen que, si el consumo legal cae por los precios altos, los hospitales regionales serán los primeros en quedarse sin presupuesto.

​La Estrategia de «No Aplicabilidad» y la Batalla Judicial
​La situación ha escalado a un nivel de desobediencia administrativa. Al menos 17 gobernadores han anunciado que evaluarán no aplicar el decreto en sus jurisdicciones mientras no exista un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Han invocado la figura de la «excepción de inconstitucionalidad», argumentando que la norma superior protege los recursos regionales por encima de los decretos de emergencia.
​De manera paralela, se ha iniciado una ofensiva jurídica ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Se han radicado múltiples demandas buscando la nulidad de los decretos, alegando que el Ejecutivo está usurpando funciones legislativas y que no existe una relación de causalidad real entre la crisis económica invocada y el aumento de estos impuestos específicos.

​La Respuesta del Gobierno: Advertencias de Prevaricato
​Desde la Casa de Nariño, la respuesta ha sido tajante. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda han calificado la postura de los gobernadores como un «mal ejemplo» de desacato a la ley. Han advertido que los mandatarios que se nieguen a aplicar el decreto podrían incurrir en el delito de prevaricato y enfrentar procesos disciplinarios y fiscales, respondiendo incluso con sus propios bienes por el recaudo dejado de percibir.
​El Gobierno sostiene que la Corte Constitucional es la única instancia con poder para suspender los efectos de un decreto ley, y que cualquier omisión por parte de los gobernadores es una ruptura del orden legal.

​Impacto en los Programas Sociales
​Mientras la batalla legal y política se desarrolla en los despachos de Bogotá y las capitales departamentales, la incertidumbre reina en el sector social. Muchos de los proyectos de emergencia —destinados a poblaciones vulnerables, atención de desastres y saneamiento de hospitales— están en vilo. Si el recaudo no se materializa por la resistencia regional, el Gobierno Nacional no tendría los fondos prometidos; pero si el impuesto se aplica y el consumo cae, las regiones perderían su sustento financiero habitual.