Familiares y organizaciones de derechos humanos exigieron este martes la liberación inmediata de 16 personas que aún están detenidas en el centro de Buenos Aires. graves acusaciones de manifestación Hace una semana ante el Congreso contra un paquete de reformas económicas del presidente libertario Javier Millay.

«Libertad, libertad de los presos de las batallas», expresaron las familias desde un escenario móvil ubicado en la histórica Plaza de Mayo, frente al edificio de gobierno, frente a unas 500 personas que acompañaron su demanda, entre ellos representantes de Abuelas y madres en Plaza de Mayo.

Un total de 33 personas fueron detenidas el pasado miércoles durante graves enfrentamientos entre la policía y manifestantes de organizaciones sociales y políticas de izquierda mientras el Senado debatía el llamado proyecto de Ley Básica, una serie de medidas económicas, laborales, administrativas y fiscales con con el que Milei pretende desregular la tercera economía de América Latina.

Del total de detenidos, 17 han sido puestos en libertad. El resto permanece en prisión por riesgo de fuga.

Utilizando camiones llenos de cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma, las fuerzas de seguridad dispersaron a los activistas, pero los enfrentamientos continuaron a pocas cuadras del parlamento.

Un grupo de manifestantes prendió fuego a dos coches particulares, uno de ellos perteneciente a una emisora ​​de radio que cubría las protestas, según imágenes de la televisión local.

Ese miércoles, Millay calificó de «terroristas» a los manifestantes y los acusó de querer «dar un golpe de Estado» contra él. él el proyecto finalmente fue aprobado y enviado a la Cámara de Diputados.

Si bien esta no fue la primera protesta desenfrenada contra el gobierno de Millay, es la primera vez que el poder judicial presenta cargos contra los manifestantes por delitos graves, desde incitación a la violencia colectiva contra las instituciones hasta delitos contra la autoridad pública y desorden constitucional de los órganos legislativos.

Los cargos conllevan penas que van desde nueve años hasta cadena perpetua.

Las autoridades también alientan demandas civiles contra organizaciones sociales y políticas por los daños causados.

Familiares y grupos de derechos humanos describieron las detenciones como «arbitrarias» y destinadas a intimidar a quienes se oponen a las políticas liberales de Milei.

«Siento que están tratando de sentar un precedente para que la gente no tenga la libertad de decir lo que piensa, así que mantenemos la cabeza gacha. «Estamos retrocediendo años de democracia, esto no puede suceder», afirmó. AP Griselle Lardet, hermana de Sasha, estudiante de 24 años detenida a pocas cuadras del Congreso.

Denunció que su hermana “abandonó la universidad y fue a manifestarse pacíficamente en la Plaza del Congreso. Cuando el clima se puso tenso, ella se fue… Una niña se cae, vuelve a buscarla y tres motos de la policía municipal se detienen en la acera y las agarran”.

«Es para asustarnos, para que la gente no salga, no participe, no mire para otro lado, no se mire», dijo Margarita Gómez, madre de Nicolás Mayorga, también estudiante que permanece en custodia.

«Me dijo: ‘Mamá, no tiré piedras, no me defendí’. Era como un estudiante. No es en una organización política, sino en una organización de ayuda vecinal. Y si yo estuviera en una organización política, no sería delito protestar contra el rechazo de una ley”, enfatizó Gómez.

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