Durante la reanudación del debate sobre la reforma laboral en el Congreso, la senadora Gloria Isabel Zuleta, perteneciente al partido Pacto Histórico, reafirmó el compromiso del Gobierno con siete puntos esenciales de la reforma. A su vez, cuestionó la propuesta presentada por sectores opositores y alertó sobre posibles retrocesos en los derechos de los trabajadores en Colombia. «La línea roja para nosotros es que el remedio no sea peor que la enfermedad», enfatizó la senadora, aludiendo al riesgo de que ciertos cambios perjudiquen aún más a la clase trabajadora.

Uno de los principales argumentos del Pacto Histórico se centra en la inclusión de excepciones para el pago de horas extras en las MIPYMES. «Cuando la excepción se convierte en norma, estamos ante una trampa», manifestó. Además, hizo referencia a que, según la ponencia mayoritaria, el pago por horas extras se establecería a partir de las 6 o 7 de la tarde, pero con varias excepciones que dejarían desprotegidos a muchos trabajadores en pequeñas y medianas empresas, que constituyen más del 90% del sector empresarial en el país.

La senadora también criticó la propuesta de aplicar un recargo dominical y festivo del 100%, pero de manera «gradual y a criterio del empleador». Para Zuleta, esta situación es intolerable: «¿Qué decidirá el empleador? Que no lo pagará. Es una ofensa al país que intentan enmascarar».

Otro tema crucial que abordó fue la problemática del trabajo rural. La senadora denunció que los jornaleros todavía enfrentan condiciones que se asemejan a la esclavitud y censuró el uso del término «apoyo» en lugar de «derecho» al referirse a los beneficios laborales de este sector.

Los siete puntos no negociables del Gobierno en la reforma, como explicó Zuleta, se centran en la necesidad de asegurar condiciones laborales dignas en uno de los países con mayor desigualdad del mundo. Entre esos puntos se encuentran la regulación del trabajo nocturno, el pago justo de dominicales y festivos, la no flexibilización de la jornada laboral y la protección de los derechos en el ámbito rural.

Finalmente, la senadora respaldó el decreto presidencial relacionado con la consulta popular, argumentando que es fundamental clarificar el conflicto de competencias entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional para definir el alcance de la democracia directa en decisiones que afectan los derechos de los ciudadanos.