Reglamento de protección social de las mujeres

Reglamento de protección social de las mujeres abrirá un canal de diálogo entre instituciones, afirma la diputada Mayerlin Arias

Caracas.– La diputada de la Asamblea Nacional Mayerlin Arias afirmó este jueves que el reglamento para la Protección Social de las Mujeres inaugura un espacio de diálogo institucional sin precedentes, pensado para que los organismos del Estado trabajen de forma más coordinada y para renovar la formación social en torno a la igualdad.

En declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV), la parlamentaria explicó que la norma no surgió de un escritorio aislado, sino de una construcción colectiva. Según relató, el texto se elaboró en el marco del Programa de Convivencia y Paz Democrática, una instancia que describió como inédita y que, a su juicio, completa la serie de mesas de diálogo abiertas en los últimos tiempos. «La mesa logró un consenso de cuatro reglamentos», precisó.

Arias ubicó el nuevo instrumento dentro de una trayectoria más larga. Recordó que la protección de las mujeres en el país no se limita al terreno legislativo, sino que ha ido tomando cuerpo en instituciones concretas. Mencionó las fiscalías de la mujer, los tribunales especiales y el Ministerio de la Mujer, piezas de lo que llamó «todo el andamiaje jurídico» de amparo, y atribuyó esa estructura a casi dos décadas de logros acumulados.

Esa continuidad, dijo, es lo que da sentido al reglamento. Si las leyes fijan los principios, la reglamentación define cómo se aplican y quién responde por ello, un punto en el que la coordinación entre despachos suele marcar la diferencia entre un derecho reconocido y un derecho ejercido.

Un cambio en el lenguaje público

Uno de los aspectos que Arias subrayó es el componente comunicacional. De acuerdo con la diputada, el reglamento articula esfuerzos entre los ministerios de Interior, Justicia y Paz y de Comunicación con un objetivo preciso: transformar los mensajes que circulan en el espacio público y adecuarlos a una cultura de vida libre de violencia.

La apuesta consiste en promover nuevas narrativas, es decir, otras formas de hablar de las relaciones entre hombres y mujeres, con la idea de que ese cambio de lenguaje conduzca a un entendimiento más cercano. El horizonte que planteó es una convivencia basada en la igualdad y la equidad, y no solo en la sanción de las conductas violentas una vez ocurridas.

Este enfoque coloca la prevención en el centro. Mientras los tribunales y las fiscalías actúan cuando el daño ya se produjo, las campañas y los mensajes públicos buscan incidir antes, en los patrones culturales que lo hacen posible. La combinación de ambas vías, según el planteamiento de Arias, es la que debería fortalecer la protección de las venezolanas.

El peso del consenso

La legisladora puso especial énfasis en el carácter consensuado del reglamento. Señaló que se trata de un acuerdo particularmente relevante porque cuenta con el impulso de la presidenta Delcy Rodríguez, quien, en sus palabras, invita a definir los puntos a seguir. La mandataria encabezó recientemente un encuentro estratégico dedicado a las reivindicaciones de las mujeres venezolanas, y la jefa de Estado firmó además los reglamentos de las leyes sociales de protección a las mujeres.

Arias sostuvo que el acuerdo trasciende las diferencias políticas. «Independientemente de la ideología política, Venezuela va hacia el feminismo, hacia una sociedad más igual y equitativa», concluyó, en una frase con la que resumió el espíritu que, a su entender, anima la iniciativa.

Lo que viene

Con el reglamento aprobado, el siguiente paso será su puesta en práctica. La diputada no detalló cronogramas ni mecanismos de seguimiento, pero dejó claro que el diseño apunta a que los distintos organismos dejen de actuar por separado y compartan una hoja de ruta común. Ese trabajo conjunto, insistió, es lo que distingue al nuevo espacio de diálogo institucional.

Queda por ver cómo se traducirá en la cotidianidad de las víctimas, de las funcionarias y funcionarios que las atienden y de las campañas que llegarán a los hogares. Por ahora, el mensaje oficial es de optimismo: tras casi veinte años de construcción institucional, el país da un paso más hacia una normativa que busca proteger, prevenir y cambiar la manera de hablar de la violencia contra las mujeres.

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