Los empresarios y las autoridades han elevado sus preocupaciones ante el aumento de robos en el transporte de carga y asaltos a individuos que viajan por las carreteras de México, lo cual es motivo de alarma en ambos lados de la frontera. Recientemente, organizaciones empresariales de México y Estados Unidos han señalado la grave situación que enfrentan los transportistas en sus trayectos. Estas inquietudes han sido expresadas por empresarios estadounidenses en las consultas públicas previas a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que se espera inicie formalmente en enero.
Por ejemplo, el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC), que agrupa a numerosas empresas estadounidenses como Amazon, DHL y Coca-Cola, ha presentado quejas al Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en octubre y noviembre. Esta agencia es responsable de las negociaciones en el contexto de la revisión del T-MEC. Además, el Departamento de Estado ha emitido alertas desde sus consulados sobre los riesgos en las carreteras mexicanas.
El Consulado de Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León, advirtió a finales de noviembre sobre un aumento en los robos a vehículos particulares con placas extranjeras en la carretera 85D, que conecta esa ciudad con Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las víctimas han reportado ser detenidas por vehículos con luces intermitentes, que aparentan ser paradas de tráfico autorizadas, hasta que los delincuentes emergen. Esta ruta ha sido apodada “la ruta del terror” debido a los numerosos casos de desapariciones, especialmente de taxistas, y se encuentra bajo el control del Cartel del Noreste, considerado un grupo terrorista por el gobierno de Donald Trump.
Las autoridades de ambas entidades han respondido ofreciendo mayor presencia policial para garantizar la seguridad, aunque los reportes de robos, secuestros y agresiones a vehículos tanto particulares como comerciales siguen en aumento. Alberto Guerrero Baena, analista de seguridad, calificó la situación de viajar por las carreteras de México como “un deporte de alto riesgo”. Según él, la respuesta del gobierno ha sido más una “simulación” para aparentar que se está abordando el problema de la inseguridad.
Guerrero Baena también mencionó que hay una “infiltración” de criminales en las fuerzas policiales que deberían garantizar la seguridad en las carreteras, lo que les permite actuar con impunidad. “Es como tener halcones dentro de las propias instituciones”, agregó, sugiriendo que los delincuentes tienen acceso a información sobre los vehículos que circulan.
El NFTC ha reiterado en sus comunicaciones al USTR la necesidad de que se exijan acciones más contundentes a México para asegurar la seguridad del transporte de carga, indicando que el alto nivel de robos es una preocupación crítica para todos sus miembros que operan en la región. Aunque Estados Unidos está abordando el tema de la seguridad en las conversaciones bilaterales, el NFTC destacó que la protección de los transportistas requiere atención especial, ya que los riesgos van más allá de la frontera y tienen implicaciones en la cadena de suministro y la inversión en México.
En el ámbito mexicano, también se han alzado voces entre los empresarios pidiendo al gobierno de Claudia Sheinbaum que tome medidas más efectivas contra los robos y extorsiones en las carreteras. Durante un foro de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), se expresaron preocupaciones sobre la inseguridad en las vías terrestres y se exigieron acciones concretas para combatir los robos, que según cifras de la industria, causan pérdidas de alrededor de 7,000 millones de pesos (más de 384 millones de dólares) a las empresas.
Analistas han advertido que la gravedad de la situación podría ser utilizada por Trump como argumento para desmantelar el T-MEC, especialmente dado el contexto de impunidad en el que operan los carteles en México. El Consulado de Estados Unidos en Monterrey ha recomendado a sus ciudadanos que viajen de día por la carretera 85D, destacando la falta de un plan de seguridad efectivo por parte del gobierno mexicano.
Guerrero Baena subrayó que la presencia criminal abarca entre un 75% y 80% del territorio mexicano, lo que agrava el problema. La situación actual refleja la incapacidad del gobierno para implementar un plan de seguridad robusto que garantice la protección en las carreteras, y la falta de un modelo de seguridad efectivo se ha vuelto un obstáculo significativo en la lucha contra el crimen organizado en el país.