Seis exintegrantes del Ejército enfrentan acusaciones por tortura y violencia degradante en el contexto de los falsos positivos en Casanare, de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que sigue trabajando para esclarecer los crímenes que afectaron a civiles inocentes.

La JEP ha imputado a seis exmiembros del Ejército Nacional por haber sometido a tortura y maltrato a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como ‘falsos positivos’, que tuvieron lugar entre 2005 y 2008 en el departamento de Casanare. Estos actos representan una violación grave al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Según la JEP, al menos 26 personas sufrieron violencia física y psicológica antes de ser asesinadas. Estos crímenes se desarrollaron bajo un patrón en el que los militares engañaban, capturaban o trasladaban a las víctimas en condiciones vulnerables, para posteriormente eliminarlas y presentarlas falsamente como guerrilleros muertos en combate.

La JEP ha determinado que estas acciones constituyen tortura y tratos inhumanos o degradantes, y califica estos actos como crímenes graves contra personas protegidas por el derecho humanitario internacional.

En cuanto a los acusados, los nuevos cargos han sido dirigidos contra:

– Wilson Salvador Burgos Jiménez
– Marco Fabián García Céspedes
– Jhon Alexander Suancha Florián
– Wilfrido Domínguez Márquez
– Miguel Andrés Sierra García
– Zamir Humberto Casallas Valderrama (considerado partícipe, pero no principal responsable)

Todos ellos formaban parte de la Brigada XVI del Ejército Nacional y ya habían sido mencionados en investigaciones anteriores.

Este desarrollo en el caso amplía lo que se había determinado en 2022, cuando la JEP identificó un patrón criminal sistemático en esa brigada, con al menos 296 víctimas directas entre 2005 y 2008. La JEP ha otorgado a los seis implicados un plazo de 15 días hábiles para que respondan sobre los nuevos cargos y presenten evidencia o explicaciones sobre su participación. Además, otros hechos investigados han sido remitidos a diferentes instancias de la JEP para continuar con las indagaciones.

La gravedad de los falsos positivos radica en que no solo son considerados crímenes, sino también violaciones severas a las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que protegen a todas las personas, incluso en situaciones de conflicto armado. Estos actos implican el asesinato de personas inocentes sin juicio ni oportunidad de defensa, lo que infringe el derecho a la vida. En tiempos de guerra, existen reglas que impiden atacar a quienes no están combatiendo, como los civiles.

Frecuentemente, estos actos van acompañados de tortura antes del asesinato, lo cual está prohibido en cualquier circunstancia. Además, se oculta la verdad al hacer pasar a las víctimas como guerrilleros caídos en combate, lo que no solo es un engaño, sino también un intento de manipular la justicia.

Por último, es importante destacar que estos no son hechos aislados; la repetición de un patrón, como el observado en Casanare, Antioquia, Cesar y Huila, entre otros, es considerado un asunto de gravedad extrema, que puede ser juzgado incluso por cortes internacionales si la justicia colombiana no logra abordar adecuadamente estos crímenes.