Abogados migrantes de todo el mundo que han sido deportados de los Estados Unidos y han sido transferidos a Un campamento remoto en la jungla de Panamá En las últimas semanas, han dicho que no se han comunicado con sus clientes desde que llegaron allí.
Cien de estos migrantes se llevan a cabo en el Centro de Inmigración de San Vicente, profundamente en la densa jungla que separa a Panamá de Colombia, según las autoridades de Panamá. Su futuro es incierto ya que esperan recibir asilo en Panamá o en otros lugares.
«Se envía a las personas, incluidas familias como nuestros clientes, a Panamá sin ninguna evaluación de asilo, y aunque no tienen conexión con este país», dice Lee Gelern, abogado de la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos (ACLU).
«Y cuando llegan allí, desaparecen en una caja negra sin acceso a un abogado», dijo.
Gelert es uno de los varios abogados que disputan una orden ejecutiva del 20 de enero del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha bloqueado a muchos migrantes para buscar asilo en la frontera de México.
En las últimas semanas, Estados Unidos ha deportado a unas 300 personas en Panamá, incluidos Afganistán, China, India, Irán, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Turquía, Uzbekistán y Vietnam. Estos vuelos son parte de los esfuerzos de la administración Trump, evitando que algunos países rechacen los vuelos de deportación estadounidense debido a las tensiones en las relaciones diplomáticas u otras razones.
El Acuerdo de Panamá permite a los Estados Unidos deportar estas nacionalidades y responder al estado centroamericano para organizar su repatriación.
Pero el proceso, que en este caso incluía una parada temporal en un hotel en la ciudad de Panamá, donde el grupo fue arrestado por guardias armados, fue ampliamente criticado por las organizaciones de derechos humanos, que temen que los migrantes pudieran ser abusados por su seguridad si finalmente fueron devueltos a sus países de origen.
La abogada del Centro Nacional de Justicia de Inmigrantes (NIJC), Keren Zwick, dijo que estaba «profundamente preocupada» por la seguridad de una mujer turca y su hija, que fueron deportadas de Estados Unidos a Panamá y desde entonces fue enviada de regreso a Turquía, según su esposo.
Una copia de la queja legal contra el gobierno de los Estados Unidos presentada por ACLU, NIJC y otros grupos de derechos humanos a los que Reuters tiene acceso a los muestra que la mujer turca y su hija han anunciado funcionarios de inmigración de EE. UU. Que han ido a ese país para buscar asilo. Llegaron a los Estados Unidos el 3 de febrero, después de la orden ejecutiva del 20 de enero, antes de ser deportados a un avión militar a Panamá nueve días después.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo: «Los gobiernos de los países del movimiento tomarán decisiones sobre quién puede o no ser deportado por sus países de acuerdo con sus leyes y obligaciones internacionales».
Ni Galent ni Zvik hablaron con ellos porque estaban en el hotel en la ciudad de Panamá.
La mujer y su esposo participaron en un movimiento religioso de no violencia en Turquía antes de que el gobierno emitiera una orden de arresto contra su participación, lo que la obligó a escapar del país, según la denuncia. La mujer escapó de Turkic con su hija después de repetidos incidentes de acoso, según la queja.
El esposo de la mujer le dijo a Zvik que su esposa e hija habían sido deportadas a Turkis el miércoles.
Los analistas señalan que estos acuerdos son parte de los esfuerzos del gobierno de Trump para «subcontratar» sus planes para deportar a los países de América Central. Costa Rica también recibió migrantes de diferentes nacionalidades que han sido deportados de los Estados Unidos en las últimas semanas.
El presidente del país, José Mulino, dijo el jueves sobre los inmigrantes deportados de los Estados Unidos en su país que 113 abandonaron el país, 16 moscas el jueves, 58 están en el proceso de adquirir sus boletos aéreos y que 112 todavía están en San Vicente.
Campamento de la jungla
Susanna Sabalza, una abogada de Panamá que es una familia de Taiwán que fue detenida en el campamento de la jungla, dijo a Reuters que le había pedido al gobierno que tuviera acceso a sus clientes durante más de una semana.
Ali Herishi, un abogado en Washington, que representa a 11 iraníes en el campamento, dijo que sus clientes habían recibido una llamada telefónica de tres minutos de la Cruz Roja en Panamá para hablar con sus familias, pero están prohibidos llamar a su abogado.
La Cruz Roja en Panamá dijo Reuters Que su papel inmediato en el campamento es recientemente y que las autoridades autorizan a su personal a proporcionar servicios de salud y restaurar el contacto entre los migrantes y sus familias.
«Nuestros servicios, que incluyen llamadas telefónicas, tienen un propósito extremadamente humanitario para prevenir la desaparición o la pérdida de contactos familiares, por lo que no están destinados públicamente a los miembros de la familia», dijo un portavoz de la Cruz Roja a Reuters.
Los otros dos abogados que buscan ofrecer una representación de los inmigrantes deportados dicen que están prohibidos primero a acceder al hotel y ahora al campamento de la jungla, donde dijeron que las autoridades también eliminaron los teléfonos móviles de varios migrantes.
Vicente Tedesco, uno de los dos abogados, dijo que había tratado de ofrecer asistencia legal a los migrantes en el hotel en la ciudad de Panamá, pero le prohibió entrar.
Una semana después, envió una solicitud formal, visto por Reuters, al ministro de Seguridad de Panamá, Frank Abrego, pidiéndole que aclarara el estatus legal de los migrantes y por qué se les prohibió recibir asistencia legal.
Tedesco dijo que no había recibido una respuesta oficial.
«Violan el derecho al proceso adecuado de estas personas y violan los acuerdos internacionales», agregó.
El Ministro de Seguridad de Panamá no respondió a una solicitud de comentarios.
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