La Sala Penal de un tribunal superior ha tomado una decisión crucial en el caso que se sigue contra los abogados Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz, quienes están siendo acusados de soborno en actuación penal y fraude procesal. En un auto reciente, el tribunal se pronunció sobre un recurso de apelación que fue presentado por el fiscal del caso, el representante de la víctima y los abogados defensores, en relación a la admisión o rechazo de pruebas solicitadas en el juicio.

En primer lugar, el tribunal desestimó la apelación de los defensores concerniente a la exclusión de diversas pruebas. Esto confirmó la validez de los chats de WhatsApp entre Carlos Enrique Vélez y Juan José Salazar Cruz, así como las interceptaciones entre Salazar y Diego Cadena. También se validaron los informes preparados por el investigador Óscar Rodolfo Vargas Soler y el emitido el 4 de octubre de 2018 por Frank Giovanny Gutiérrez.

En un giro más significativo, el tribunal revocó parcialmente una decisión anterior del Juzgado 3.° Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá y ordenó la admisión como prueba de las interceptaciones de comunicaciones entre Diego Cadena y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estas interceptaciones están contenidas en una serie de informes técnicos elaborados por Carolina Vargas Villamil, que abarcan desde mayo de 2018 hasta septiembre de 2019. También se aceptó la transliteración de esas conversaciones, realizadas a través de diferentes números telefónicos, como parte del material probatorio en el proceso.

El caso contra Cadena y Salazar se centra en hechos que ocurrieron entre julio de 2017 y febrero de 2018, cuando, según la Fiscalía, los abogados habrían intentado alterar las declaraciones de testigos clave en el proceso penal que se llevaba a cabo contra Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia. Uno de los episodios más notorios involucra a Carlos Enrique Vélez, un confeso paramilitar, quien habría recibido una oferta de $200 millones para cambiar su testimonio y acusar al senador Iván Cepeda de intentar manipularlo. Parte de esos fondos se habrían entregado en efectivo, así como a través de giros y consignaciones a familiares y conocidos del testigo.

Además, se señala que Diego Cadena habría ofrecido beneficios legales a Juan Guillermo Monsalve, otro testigo contra Uribe, a cambio de que se retractara de sus declaraciones. Según la acusación, las cartas de retractación de Vélez y Monsalve fueron posteriormente presentadas por los defensores del expresidente ante la Corte. La Sala determinó que su decisión es inapelable y ordenó el regreso del expediente al juzgado de origen para que el proceso judicial continúe.