Un fallo de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó este jueves los dudosos resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador de las elecciones del 28 de julio al presidente Nicolás Maduro, pero la oposición había dicho previamente que cada frase es «inválida».

“Con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje, podemos concluir que las papeletas emitidas por el Consejo Nacional Electoral respecto de las elecciones presidenciales de 2024 están respaldadas por los registros de control emitidos por cada una de las máquinas de votación utilizadas en el proceso electoral. dijo el veredicto no apelable, basado en un informe elaborado por expertos no identificados.

La Sala Electoral del TSJ, organismo considerado poder ejecutivo, aceptó una denuncia presentada por el presidente Nicolás Maduro para «investigar, verificar y certificar» los resultados electorales, proceso que no involucró a testigos ni peritos de la oposición. El presidente dijo que la decisión sería una «palabra sagrada» y que debe ser respetada.

La presidenta de la Cámara Electoral del TSJ, Carislia Rodríguez, anunció que enviarán copia certificada del fallo al fiscal general, Tarek William Saab, para que sea incluido en la investigación penal que adelanta el Ministerio de Derecho Público y determine las responsabilidades por la presunta usurpación de cargo. , falsificación de documento público, incitación a la desobediencia civil, delitos informáticos, asociación para delinquir y concierto para delinquir.

El TSJ instó a la autoridad electoral a publicar los resultados electorales en el diario oficial, pero no se refirió a su difusión de manera detallada en su sitio web.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Maduro ganador de las elecciones del 28 de julio, pero tres semanas después del proceso no ha publicado los resultados desglosados.

La oposición, que publicó copias de las actas llevadas por sus testigos, aseguró que la victoria correspondió al candidato Edmundo González Urrutia con más del 67% de los votos. Según Maduro, el 83% de estos protocolos son falsos, pero su partido no ha publicado copias de ellos.

El TSJ afirmó que González Urrutia había descuidado su mandato, lo que aseguró le acarrearía sanciones por «desacato al poder judicial».

González Urrutia afirmó que ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. “El país y el mundo conocen su parcialidad y por tanto su incapacidad para resolver el conflicto; «Su decisión sólo empeorará la crisis», escribió en X.

Nueve de cada diez candidatos y representantes de los 38 partidos que postularon candidatos respondieron a la convocatoria del TSJ. González Urrutia declinó asistir argumentando que se estaban desconociendo las facultades de la autoridad electoral y denunció que se encontraba en una situación de «vulnerabilidad y violación al debido proceso».

María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, insistió en que debe haber una investigación internacional independiente y calificó el procedimiento del TSJ como una «farsa» y «una admisión de su derrota».

La coalición de partidos opositores que apoya a Machado y González Urrutia afirmó el miércoles que cualquier decisión del TSJ sobre los resultados electorales «sería ineficaz y nula de pleno derecho».

«De acuerdo con nuestra Constitución, cualquier decisión de la Cámara Electoral que hubiera podido confirmar el fraude que se pretendía imponer sería ineficaz y nula». Los magistrados de esta cámara violarían los derechos inalienables de los votantes e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa», afirmó la Plataforma Democrática Unida (UDP) en un comunicado.

El PUD insiste en que la Sala Electoral del TSJ no está autorizada bajo ningún concepto a ejercer las funciones del CNE, organismo «constitucionalmente obligado a contar los votos de los venezolanos y publicar las actas del cómputo de votos».

Varias organizaciones, entre ellas el Centro Carter, que envió una misión técnica a las elecciones presidenciales que fue cuestionada por el gobierno, han descartado una revisión independiente por parte de la organización.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU recordó este jueves que la misión de investigación en Venezuela había advertido de la «falta de independencia e imparcialidad» del TSJ y del CNE. Este último no realizó al menos tres autorías claves para establecer que el material presentado por las autoridades electorales corresponde al del 28 de julio.

El excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, que no es miembro del PUD, intentó sin éxito emprender varias acciones, entre ellas la destitución de la presidenta de la Cámara Electoral del TSJ, Carislia Beatriz Rodríguez, por su activismo en el partido de gobierno. También informó que no hubo acceso al expediente de denuncia.

Los resultados de las elecciones provocaron protestas masivas, que en algunos casos terminaron en violencia. Según cifras oficiales, 25 personas murieron y al menos 2.000 fueron arrestadas, muchas de ellas acusadas de terrorismo.

El gobierno acusó a Machado y González Urrutia de supuestamente promover la violencia en el país a través de comanditos, una red civil organizada por la oposición para proteger los votos. La oposición rechazó la narrativa del gobierno y condenó la intensificación de la represión y las detenciones arbitrarias.

Varios países han pedido la publicación de «todos los registros originales» y una verificación imparcial e independiente de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. También expresaron preocupación por la creciente «represión».

El informe preliminar del panel de expertos electorales de la ONU, que inicialmente fue confidencial y finalmente se hizo público, dijo que la gestión de los resultados por parte del organismo electoral no cumplía los «requisitos básicos de transparencia e integridad» esenciales para la realización de elecciones creíbles. El gobierno afirma que el documento está «plagado de mentiras».

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