Bajo las órdenes del expresidente Trump, cerca de 200 soldados de la Guardia Nacional de Texas han sido desplegados en Chicago, donde están listos para iniciar operaciones. A estos se unirán otros 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois que se están preparando para movilizarse en los próximos días. Según el Comando Norte del Ejército de EE.UU., el contingente de la Guardia Nacional permanecerá en la ciudad durante un período inicial de 60 días, con la misión de «proteger a los agentes de la Patrulla Fronteriza y otras fuerzas federales» presentes.
Los efectivos de Texas, que llegaron el martes, están alojados en un campamento militar en Elwood, a aproximadamente una hora de Chicago. Se espera que comiencen sus operaciones en la ciudad el miércoles por la mañana. Este despliegue, ordenado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha generado controversia, especialmente en un contexto de creciente oposición a las redadas migratorias que se llevan a cabo en la ciudad.
La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, declaró ante el Comité Judicial del Senado que el director del FBI y otros funcionarios también se trasladarían a Chicago junto con las tropas. En una respuesta a un senador demócrata, Bondi cuestionó la postura de las autoridades locales hacia la seguridad, sugiriendo que su falta de acción había motivado el despliegue de la Guardia Nacional.
Mientras tanto, el juzgado federal y el centro de detención de Broadview en Chicago, donde se han llevado a cabo manifestaciones y enfrentamientos, permanecen tranquilos. Sin embargo, las protestas contra las operaciones de ICE han ido en aumento. Recientemente, un incidente violento involucró a agentes de la Patrulla Fronteriza que abrieron fuego, hiriendo a una ciudadana estadounidense.
Trump, en una intervención desde la Casa Blanca, criticó a los líderes demócratas locales, acusándolos de ineficacia en el manejo de la delincuencia. A pesar de sus afirmaciones, las estadísticas del Departamento de Policía de Chicago indican una reducción significativa en la criminalidad, con una disminución del 28% en homicidios en comparación con el año anterior.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha respondido a la movilización de tropas instando a que se imputen a los agentes federales que infrinjan su orden ejecutiva sobre «zonas libres» de operaciones de ICE. Johnson ha subrayado que cualquier violación de esta normativa sería un delito penal y ha expresado su intención de utilizar herramientas legales para hacer cumplir la ley.
Ante la escalada de tensiones, Trump ha insinuado la posibilidad de invocar la ley de insurrección para abordar lo que describe como una «ola de crimen rampante» en Chicago, advirtiendo que el gobierno federal intervendría si las autoridades estatales no podían manejar la situación. Esta decisión ha sido calificada por Pritzker y otros funcionarios locales como un abuso de poder, recordando que el uso de dicha ley es controvertido y ha sido poco común en las últimas décadas.