Estados Unidos incautó un gran tanquero petrolero frente a las costas de Venezuela, alegando que está vinculado a «organizaciones terroristas extranjeras». El gobierno de Nicolás Maduro rechazó esta acción, calificándola de «robo descarado».

En una declaración, el presidente Donald Trump confirmó la incautación, describiendo al buque como «el más grande que se haya incautado jamás». La operación fue realizada por la Guardia Costera de EE. UU. con apoyo de la Armada. Trump afirmó que «fue incautado por una muy buena razón» y sugirió que el petróleo podría permanecer en posesión de EE. UU.

La Fiscal General, Pam Bondi, también se pronunció, diciendo que el tanquero estaba sancionado por su participación en una red ilícita de transporte de petróleo asociado a terroristas. Aunque se hicieron afirmaciones sobre la operación, no se revelaron detalles específicos sobre el buque ni se reportaron detenciones de tripulantes.

De acuerdo a informes, el destino del tanquero podría ser Cuba, desde donde se planeaba enviar el petróleo a Asia. La reacción de Maduro fue vehemente, acusando a EE. UU. de piratería y exigiendo el fin de «la intervención ilegal y brutal» en Venezuela.

Trump insinuó que había «cosas sucediendo» en relación a Venezuela, mientras Maduro denunciaba el interés de EE. UU. en las riquezas energéticas del país. La incautación se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países, con EE. UU. manteniendo una fuerte presencia militar en el Caribe bajo la premisa de combatir el narcotráfico.

Con respecto a la economía venezolana, el país enfrenta una crisis grave, dependiendo de su industria petrolera, que ha sido severamente impactada por años de malas decisiones administrativas y sanciones internacionales que limitan su capacidad de operar en el mercado global. La producción petrolera ha caído drásticamente desde sus niveles más altos hace dos décadas.

La situación continúa en desarrollo, con un trasfondo de confrontación política y económica que afecta a la población venezolana.