Un fallo judicial ha llevado a la Audiencia Nacional a liberar a Firass Taghi, un presunto narcotraficante asociado a la Mocro Maffia, quien debía ser extraditado a Países Bajos. Esto se debe a que se han excedido los plazos legales para llevar a cabo su entrega. Taghi fue arrestado durante el verano en Tarifa en cumplimiento de una orden de detención, y la extradición debía haberse realizado en agosto. La decisión de enviar a Taghi de regreso a Holanda se hizo firme el 7 de agosto, y desde esa fecha había un plazo máximo de diez días para ejecutar la entrega, según un auto emitido por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional el 12 de septiembre.

A pesar de que no se cumplió con el plazo, el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, decidió mantener la prisión preventiva para asegurar la entrega de Taghi. Sin embargo, la defensa del acusado impugnó esta decisión, argumentando que la resolución de Pedraz no era formalmente correcta, ya que debió ser un auto y no una providencia. También señalaron que los plazos legales ya estaban sobrepasados cuando se dictó dicha medida.

Ahora, la Sala de Apelación de la Audiencia ha respaldado a la defensa. En cuanto al primer argumento, han admitido que Pedraz debió haber emitido un auto, aunque este defecto ha sido subsanado con la decisión actual de la Sala. Sin embargo, los magistrados han determinado que el segundo error no puede ser reparado, ya que la ley establece que «la entrega de la persona reclamada se hará efectiva por un agente de la autoridad española, previa notificación a la autoridad designada por el juzgado emisor, dentro de los diez días siguientes a la decisión judicial de entrega». La ley también indica que si por razones ajenas a los estados involucrados no se puede llevar a cabo la entrega en ese plazo, las autoridades judiciales deben comunicarse inmediatamente para fijar una nueva fecha dentro de un nuevo plazo de diez días.

Por lo tanto, el auto ha enfatizado que han pasado los diez días «sin que conste motivo alguno que impida dicha materialización», lo que resulta en la anulación de la «prisión instrumental» y ordena la libertad de Taghi. Este es el segundo miembro de la Mocro Maffia que queda en libertad en España debido a un error judicial, después de que Karim Bouyakhrichan fuera liberado por la Audiencia de Málaga el año pasado. En 2024, Bouyakhrichan estaba siendo investigado en un juzgado de Marbella y fue liberado bajo fianza de 50.000 euros, lo que le permitió escapar. El fiscal de Málaga había advertido del riesgo de fuga debido a su «alta capacidad económica» y a que tenía pendiente en la Audiencia Nacional una reclamación de Países Bajos por narcotráfico. En este caso, el presidente del Tribunal Superior de Andalucía opinó que quizás desde la Audiencia Nacional «no se establecieron los mecanismos necesarios» para mantener a Bouyakhrichan en prisión mientras se tramitaba su extradición.