Una coalición de 24 fiscales generales ha interpuesto este jueves una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, solicitando que declare ilegal el arancel global del 15% que la Administración de Donald Trump impuso. Esta acción se produce tras la reciente decisión del Tribunal Supremo, que consideró inconstitucional la política arancelaria de Trump. Durante una conferencia de prensa, los fiscales afirmaron que estos gravámenes no cumplen con los requisitos establecidos en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que fue invocada por el gobierno de Trump, y argumentaron que violan la separación de poderes protegida por la Constitución.

Los fiscales señalaron que nunca antes un presidente había intentado imponer aranceles utilizando esta sección, que fue diseñada para autorizar tasas limitadas en situaciones de crisis monetaria. Destacaron que Estados Unidos abandonó ese sistema cambiario hace más de 50 años, lo que significa que los problemas de balanza de pagos que justificaban su uso ya no son relevantes.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, calificó la legislación como «arcaica» y argumentó que no fue concebida para el propósito actual que la Administración Trump le está dando. En el documento legal presentado, los fiscales sostienen que el poder para imponer aranceles corresponde exclusivamente al Congreso, no al presidente.

El texto subraya que la Constitución otorga al Congreso la autoridad para «establecer y recaudar impuestos, aranceles, derechos y arbitrios». Además, recuerda que durante más de un año de su mandato, Trump ha impuesto, modificado y suspendido aranceles a través de órdenes ejecutivas y otros medios, sin tener la autoridad legal para hacerlo.

El fiscal general de California, Rob Bonta, criticó que en lugar de acatar la decisión del Tribunal Supremo, Trump recurrió a una ley diferente, que nunca antes se había utilizado para imponer aranceles en la historia del país.

La demanda, liderada por los fiscales de Nueva York, California y Oregón, sostiene que el intento del presidente de utilizar la Sección 122 es «tan ilegal» como su uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la cual fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo. Según el documento de 35 páginas, el presidente ha dejado claro que impondrá aranceles globales «por cualquier medio necesario».

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, advirtió que con los nuevos aranceles, el presidente está generando «más caos económico» y que los estadounidenses terminarán asumiendo el costo. El fiscal general de Connecticut, William Tong, mencionó un análisis reciente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York que concluyó que casi el 90% del costo de los aranceles en 2025 sería asumido por consumidores y empresas estadounidenses. La demanda, a la que se unieron también los gobernadores de Kentucky y Pensilvania, busca que el tribunal ordene al gobierno federal reembolsar a los estados los costos arancelarios que han enfrentado.