Las recientes excarcelaciones de 99 detenidos en Venezuela se producen en un contexto de creciente tensión entre el país y Estados Unidos, que ha movilizado una flota inusual en el Caribe desde agosto, argumentando la lucha contra el narcotráfico. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela anunció el jueves la liberación de estos individuos, quienes habían sido arrestados durante las protestas de 2024 tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro.
La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo provocó manifestaciones que resultaron en 28 muertes y más de 2,400 detenciones, a las que el presidente se refirió como «terroristas». En un comunicado, el Ministerio de Servicio Penitenciario indicó que se decidió evaluar cada caso individualmente y otorgar medidas cautelares, como parte del compromiso del Estado con la paz y la justicia.
El gobierno venezolano afirmó que los liberados estaban encarcelados por su participación en actos de violencia y en la incitación al odio tras las elecciones del 28 de julio de 2024. Esta medida de excarcelación coincide con un momento de creciente hostilidad entre Venezuela y Estados Unidos, con Maduro acusando a las maniobras militares de su vecino del norte de intentar provocar un cambio de régimen y apropiarse de los recursos petroleros del país.
Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), las excarcelaciones comenzaron en la madrugada del jueves. Andreína Baduel, líder del Clippve, destacó que aunque los liberados no son completamente libres, permanecerán en la lucha por la libertad total de todos los presos políticos. Entre los liberados se encuentra Marggie Orozco, una médica de 65 años que había sido condenada a la pena máxima por criticar al gobierno.
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado el carácter arbitrario de las detenciones y han exigido la liberación incondicional de todos los detenidos por motivos políticos. Hasta mediados de diciembre, se registraron al menos 902 presos políticos en Venezuela, según la ONG Foro Penal. Las autoridades, por su parte, niegan la existencia de «presos políticos» y afirman que esos individuos están implicados en planes para desestabilizar al gobierno de Maduro.
