El Gobierno venezolano aseguró este miércoles que «será difícil» restablecer la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, cuyo informe sobre la situación en el país fue rechazado.
Este miércoles, Turk presentó su actualización sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela en un diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En el informe, que cubre el período comprendido entre el 1 de mayo de 2023. Hasta el 30 de abril de este año, la ACNUDH destaca diversos avances relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, las restricciones al espacio civil y el Estado de derecho, entre otros.
«Mientras continúe esta actitud de agresión contra Venezuela, será muy difícil restablecer la cooperación con su oficina, como era nuestra voluntad», dijo Alexandre Yanez Deleuze, representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas.
Yáñez argumentó que el gobierno que representa no reconoce el informe de ACNUDH porque, dijo, su mandato fue resultado de una resolución que buscaba implementar la política de «cambio de régimen» en el país sudamericano.
«Este es un panfleto propagandístico cuidadosamente escrito para alentar a la oposición fascista en Venezuela», subrayó.
En abril, el gobierno venezolano se comprometió con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a permitir el regreso de la oficina del TEDH.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió suspender la oficina de la ACNUDH en febrero de este año tras acusarla de no ser una «entidad imparcial» tras decir que la detención de la abogada perito militar Rocío San Miguel podría haber sido calificada en su momento como un desaparición forzadalo cual fue negado por la fiscalía.
Entorno electoral
Turk aseguró este miércoles que las elecciones presidenciales del 28 de julio y las regionales están previstas para 2025. en Venezuela, son una oportunidad «clave» para respetar la voluntad de la población y llamar al cumplimiento de los acuerdos de garantía electoral firmados en Barbados.
La ACNUDH también dijo que su oficina seguía recibiendo informes de arrestos en el período previo a las elecciones en las que Maduro busca su tercer mandato, que dijo que «no iban bien» y creía que esas prácticas deberían revertirse.
En el informe ya había expresado su preocupación por las inhabilitaciones políticas, que incluyen «restricción de oportunidades para ejercer el derecho de defensa».
Limitaciones del espacio civil
También expresó especial preocupación por las intimidaciones y abusos a familiares y presos, así como por las detenciones de Rocío San Miguel y el periodista. Carlos Julio Rojasquienes, según él, han sido detenidos sin acceso a asistencia jurídica de su elección.
«Hago un llamado para que todas las personas detenidas arbitrariamente sean liberadas en Venezuela», dijo Turk, refiriéndose específicamente al activista Javier Tarazona, quien esta semana cumplió tres años de prisión.
La ACNUDH documentó nuevas restricciones «ilegales» a la libertad de expresión, incluidos 10 nuevos casos de cierre de estaciones, que se suman a los 21 casos registrados anteriormente.
Precisó además que al menos 50 páginas web fueron bloqueadas sin previo aviso de suspensión por parte de diversos operadores de telecomunicaciones públicos y privados.
«La ACNUDH recuerda que cualquier restricción a la libertad de expresión impuesta por el Estado debe cumplir las condiciones de legalidad, necesidad y proporcionalidad y un fin legítimo», subraya el informe.
Comienza la campaña presidencial en Venezuela, en medio de «boca a boca» y denuncias de privilegios
La campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela comienza oficialmente esta semana. En la principal carretera de Caracas se pueden ver grandes carteles que muestran la desigualdad denunciada por la oposición tradicional.
El documento también destaca que las deficiencias en el acceso y la prestación de servicios básicos como agua, electricidad y combustible «continúan empeorando» y reconoce el impacto de las sanciones sectoriales.
La ACNUDH expresó su preocupación por el proyecto de ley sobre las ONG y su financiación, que según diversos sectores restringe el espacio civil. También cuestionó la presentación del proyecto de ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares.
«Reitero mi llamado a abstenerse de aprobar este tipo de legislación que coarta aún más el derecho a la libertad de asociación y de expresión», insistió.
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