El Gobierno de Colombia ha manifestado este martes su firme preocupación y rechazo ante la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra Iván Velásquez, embajador designado ante la Santa Sede, y Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha calificado esta decisión como un acto sin fundamento jurídico, constituyendo un ataque contra los principios básicos de la justicia internacional.

La Cancillería colombiana destacó que esta medida no solo representa un serio desvío de los estándares del derecho internacional, sino que también pone en riesgo derechos humanos fundamentales. En el comunicado, se subrayó que «la utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional requiere una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso».

Por otro lado, las autoridades guatemaltecas han solicitado la emisión de una alerta roja de Interpol contra los funcionarios colombianos, lo que podría agravar la tensión en las relaciones bilaterales. La orden de captura ha sido vista como parte de una posible campaña de represalia, especialmente considerando el papel anterior de Iván Velásquez como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por la ONU que llevó a cabo investigaciones cruciales sobre corrupción antes de su disolución en 2019.

Frente a esta situación, el Gobierno colombiano ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que se oponga a lo que considera una alarmante instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales, en contra del espíritu de legalidad y cooperación que debe regir las relaciones entre las naciones. «Colombia confía en que la comunidad internacional reconocerá esta acción como parte de una preocupante manipulación de los mecanismos judiciales internacionales, contraria a los principios de legalidad, cooperación y justicia que deben prevalecer entre los Estados», concluyó el comunicado.

En un comentario adicional, el presidente Gustavo Petro ha señalado que tanto la Fiscalía de Guatemala como la de Colombia, en tiempos de Barbosa, han actuado en favor de intereses criminales y no en defensa de la ciudadanía. Además, ha afirmado que las multinacionales del narcotráfico buscan controlar los poderes judiciales y los gobiernos.