El presidente Gustavo Petro se pronunció ante las acusaciones de un supuesto intento de posponer las elecciones, afirmando con claridad: “No deseo aplazar las elecciones”. También expresó su preocupación por la contratación de una empresa privada, que ha sido señalada anteriormente por su implicación en un fraude electoral, alertando sobre los riesgos para la transparencia del proceso democrático.

El mandatario reaccionó este martes a los señalamientos formulados por la periodista Catalina Suárez y el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quienes lo acusan de tener intenciones de «aplazar las elecciones». Desde su cuenta oficial en la red social X, Petro desmintió esta afirmación y criticó la inminente adjudicación de un contrato de logística electoral a una compañía que ha sido vinculada a un proceso fraudulento por las autoridades colombianas. “Hay momentos de máxima estupidez humana: yo no quiero aplazar elecciones. Sin embargo, la decisión de contratar a una empresa que ha sido identificada por su software en un fraude electoral, según la justicia de Colombia, pone en riesgo total la transparencia electoral”.

La advertencia del presidente se produce en el contexto de un nuevo ciclo de contrataciones de la Registraduría Nacional para las elecciones de 2026, donde se ha seleccionado nuevamente a una empresa privada que ya ha enfrentado denuncias por fallas en su software de escrutinio. El Gobierno ha señalado que esta contratación podría representar un riesgo estructural para la confianza ciudadana en los resultados de las elecciones.

La controversia ha aumentado tras la difusión de la idea, por parte de opositores y analistas, de que el Gobierno intentaría alterar el calendario electoral. Sin embargo, desde la Presidencia se ha enfatizado que la preocupación se centra exclusivamente en la transparencia y no en la programación de las votaciones.

El centro de la controversia es la firma Thomas Greg & Sons, que ha liderado durante años los procesos logísticos electorales en el país. A pesar de que su software estuvo vinculado a un sabotaje en un proceso anterior que afectó a un partido político minoritario, la Registraduría avanza en la contratación de esta misma compañía para las elecciones presidenciales de 2026. Aunque el Consejo Nacional Electoral y otros organismos de control han defendido la solidez del sistema, el Gobierno ha reiterado su inquietud por la concentración de funciones críticas en manos de un único contratista, considerando que esto representa una amenaza para la independencia del escrutinio y el conteo de votos.

Desde el Congreso y diversos sectores sociales también han surgido cuestionamientos sobre la falta de pluralidad en las licitaciones, la dependencia tecnológica de actores privados y la limitada transparencia en la verificación del software utilizado.

Por otro lado, algunos sectores opositores han propagado versiones que sugieren que el presidente busca modificar el calendario electoral para beneficiarse. Esta narrativa ha sido especialmente promovida en medios radiales y redes sociales, aunque carece de fundamento jurídico y respaldo en declaraciones oficiales.

El presidente ha enfocado su intervención en la defensa de la transparencia electoral como un pilar de la democracia, reiterando que cualquier intento de manipulación del proceso sería inaceptable y que el verdadero riesgo radica en la continuidad de contratistas con antecedentes problemáticos. Esta controversia refleja un clima de desconfianza entre las instituciones y sectores políticos, resaltando la urgencia de fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana y auditoría técnica en los procesos electorales.