Mientras en Bogotá se debate el polémico articulado de la reforma de la salud, en La Guajira ya empiezan a llegar las resoluciones con los cuales se implementaría un piloto del proyecto. La idea, propuesta por el presidente Gustavo Petro hace algunos meses, es implementar la reforma en regiones donde el acceso a la salud es complejo y mostrar su viabilidad, empezando por uno de los departamentos más pobres y con mayores cifras de desnutrición infantil en el país. En ese sentido, se conocieron algunas de las resoluciones con los cuales se pretende regular y generar el modelo de prestación de servicios de la salud en La Guajira. Entre ellas la resolución 1373 de 2023, que fue presentada el pasado 4 de septiembre. Dicho documento ha generado polémica entre los gestores farmacéuticos (farmacias y droguerías) porque según señalan lo que hace es eliminar sus servicios y sacarlos, en ese departamento, de la prestación de servicios en el sistema de salud. Los gestores farmacéuticos, además de vender a las personas como una droguería convencional, también atienden la demanda del sector institucional, funcionando como dispensarios o como proveedores de medicamentos para las IPS por ejemplo. En ese sentido, en el artículo 11 de la resolución 1373, se establece que los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) deberán “garantizar a las personas el acceso oportuno, seguro, eficiente y pertinente a los servicios de salud, incluyendo los servicios farmacéuticos”. Es ese punto el que genera polémica, pues, según los expertos, serían ahora los CAPS los que se encargarían de los servicios farmacéuticos, es decir las propias IPS y hospitales proveerían de medicamentos a los pacientes.
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