Garantías para el ingreso de los funcionarios a Tierralta, Córdoba, piden el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello al presidente Gustavo Petro, esto tras el reciente ataque se sufrió una delegación que viajaba hacia este sector para verificar las posibles agresiones de militares a los civiles.  A través de una carta, las instituciones piden la intervención que permita el ingreso de manera segura para investigar los hechos ocurridos el 11 de septiembre. «Nos dirigimos a su despacho para solicitar su intervención, como comandante supremo de la Fuerza Pública, a efectos de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de las competencias constitucionales y legales de nuestras instituciones. En este caso, en lo concerniente al acceso a los territorios del país para llevar a cabo las investigaciones por la posible comisión de violaciones a los derechos humanos.», dice la misiva. Las dos instituciones agregaron que «sin estas garantías de seguridad, señor Presidente, no se podrá hacer efectiva la protección a los ciudadanos colombianos, en su honra y bienes, ni el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, pilares de cualquier Estado constitucional y democrático de derecho». El ataque al helicóptero del Ejército Nacional se registró este miércoles en horas de la tarde en la vereda El Manso, jurisdicción del municipio de Tierralta, cuando comenzaron a disparar apuntado al depósito de gasolina. La aeronave aterrizó de emergencia. Por fortuna no se registraron heridos. De acuerdo con el Comandante del Ejército Nacional, el Mayor general Luis Mauricio Ospina, el Clan del Golfo se atribuyó el atentado.  «(…) en donde fue impactado el helicóptero, es un corredor del narcotráfico y teniendo en cuenta esto, se activó la inteligencia técnica, y por inteligencia técnica se pudo establecer que el Clan del Golfo se adjudica el hecho, situación una vez conocida, el Comando de la Séptima División entregó la información correspondiente a la Fiscalía», indicó el alto uniformado.  Actualmente, la Fiscalía, Procuraduría y la Justicia Penal Militar se encuentran investigando las presuntas amenazas por parte de uniformados disfrazados hacia la comunidad de Tierralta. Ya 10 soldados fueron retirados de sus cargos mientras avanzan las indagaciones.
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