Amazónicos ecuatorianos afectados por la quema de gas de industria petrolera y Amnistía Internacional (AI), advirtieron el miércoles a la asamblea sobre el fracaso del Estado en retirar cientos de antorchas como lo ordenó un fallo judicial.

En julio de 2021 El tribunal de la provincia amazónica de Sucumbíos falló a favor de un grupo de nueve niñas amazónicas que solicitaron medidas de protección para evitar el funcionamiento de encendedores que causan daños a la salud y al medio ambiente, según informes de organizaciones ambientalistas.

El fallo judicial reconoce que la práctica viola sus derechos a la salud, a un medio ambiente sano y los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución de Ecuador de 2008, y ordena su eliminación gradual para 2030.

El tribunal también ordenó medidas de compensación.

«La implementación de la decisión por parte de la industria (petrolera) ecuatoriana es un gran simulacro» y no representa «una mejora en la vida de las comunidades, en sus derechos humanos y en el frágil ecosistema de la Amazonia», afirmó la investigadora de AI Alicia Moncada al alcanzado ante el órgano del pleno legislativo. El especialista presentó un informe de la organización sobre el caso.

En junio, el entonces ministro de Energía en funciones, Roberto Luque, dijo a una comisión legislativa sobre biodiversidad, que está inspeccionando los encendedores, que de los 486 encendedores existentes, 145 han sido eliminados y otros 341 serán desmantelados para 2030.

Sin embargo, el informe de AI señala que algunas de las bengalas elevadas retiradas han sido reemplazadas por otras que operan a nivel del suelo.

El investigador Moncada enfatizó que al mantener esta «desastrosa» operación, el Estado tampoco ha cumplido con sus compromisos internacionales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global.

Las quemas son una práctica común en la industria petrolera ecuatoriana para quemar gas y otros subproductos, produciendo metano y gases altamente contaminantes. Según el informe de Amnistía Internacional, sus efectos contaminantes se extienden hasta 5.000 metros desde el punto de emisión.

Anna Picker, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó en un documento que presenta el informe y que en el sitio web de la organización se señala que “el Estado ecuatoriano debe eliminar la rutinaria quema de gas en encendedores, que actualmente amenaza a la Amazonia, al mundo y al futuro de los niños que heredarán la tierra”.

Jamilet Jurado, una activista climática amazónica de 16 años, dijo a los legisladores que a 200 metros de su casa en Shushufindi —259 kilómetros al noroeste de Quito— hay una plataforma petrolera donde un gran quemador emite «una llama gigante que es» 24 horas al día, con su ruido ensordecedor que nos enferma y nos mata lentamente, tanto a los humanos como a la flora y la fauna».

Por eso, el menor dijo: «Les pido señores que exijan el cumplimiento real de la sentencia», porque «se están quitando toda la riqueza de la Amazonia y dejándonos sólo contaminación, deforestación, muerte y pobreza».

¡Conéctate con la VOA! Suscríbete a nuestros canales de YouTube, WhatsApp y newsletter. Activa las notificaciones y síguenos en Facebook, h e Instagram.