El presidente Gustavo Petro divulgó una carta en la que se acusa a Donald Trump de haber ordenado bombardeos en el Caribe sin la aprobación del Congreso de EE. UU. Este documento, fechado el 7 de octubre, cuestiona la legalidad de dichos ataques.
La declaración del Congreso estadounidense se ha convertido en un símbolo político de control institucional sobre el poder ejecutivo. / AFP.
El presidente Gustavo Petro publicó el 18 de octubre en su cuenta de X un mensaje en el que citó y compartió una carta de legisladores demócratas dirigida al presidente Donald Trump, advirtiendo que los bombardeos en el mar Caribe podrían haber infringido la Constitución de EE. UU. «El Congreso de los Estados Unidos está cada vez más cuestionando la legitimidad de los lanzamientos de misiles sobre embarcaciones en el Caribe», escribió el mandatario colombiano, junto con un enlace al documento firmado por cinco miembros del Partido Demócrata.
La carta, datada el 7 de octubre de 2025, fue firmada por Adam Smith (Comité de Servicios Armados), Gregory Meeks (Asuntos Exteriores), James Himes (Inteligencia), Jamie Raskin (Judicatura) y Bennie Thompson (Seguridad Nacional). Los legisladores denunciaron que los ataques se llevaron a cabo sin la autorización del Congreso y pidieron a Trump que hiciera pública la opinión legal del Departamento de Justicia que supuestamente respaldó estas operaciones.
Los congresistas expresaron su preocupación por una expansión inconstitucional del poder presidencial. En su carta, argumentaron que Trump había ordenado cuatro ataques letales contra embarcaciones en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, pero sin fundamento jurídico ni supervisión legislativa. Recordaron que la Constitución de EE. UU. otorga exclusivamente al Congreso la autoridad para declarar la guerra, lo que significa que el presidente no puede actuar de forma unilateral. «Usted ha ordenado cuatro ataques militares letales contra embarcaciones en el mar Caribe […] sin la debida autorización del Congreso», indicaron en el texto.
Además, exigieron claridad sobre las entidades o individuos clasificados como «terroristas» por el Gobierno estadounidense, señalando que la Casa Blanca no ha especificado cuáles fueron las organizaciones ni los criterios utilizados para designarlas como objetivos militares. Los legisladores calificaron esta falta de transparencia como una «expansión inconstitucional del poder ejecutivo» y una «amenaza a la rendición de cuentas democrática».
También es relevante el contexto regional, marcado por la militarización del Caribe y las advertencias del presidente Petro. Los ataques a embarcaciones en el Caribe forman parte de una serie de operaciones de EE. UU. bajo el argumento de interdicción antinarcóticos, aunque varios gobiernos latinoamericanos lo interpretan como una militarización encubierta de la región.
Durante su discurso del 17 de octubre, el presidente Petro enfatizó la gravedad de estas acciones y cuestionó la justificación estadounidense: «Lo que los Estados Unidos están buscando es el petróleo de Venezuela y de Guyana. La codicia petrolera es lo que está detrás de la estrategia que está lanzando misiles sobre pescadores», afirmó el mandatario en su intervención televisada. Explicó que, detrás del discurso de la lucha antidrogas, hay intereses energéticos y geopolíticos que amenazan la estabilidad de la región y los derechos humanos de las comunidades costeras.
El pronunciamiento del Congreso estadounidense se ha convertido en una señal política de control sobre el Ejecutivo. Los congresistas recordaron que el presidente tiene amplios poderes bajo el Artículo II de la Constitución, pero estos no son ilimitados, y que cualquier acción bélica requiere la aprobación del Artículo I, que otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra.
Este reclamo establece un precedente jurídico significativo: la carta del 7 de octubre desafía la política exterior del presidente Trump y refuerza las denuncias de países latinoamericanos sobre el uso de la lucha antidrogas como pretexto para operaciones militares en el Caribe.
En el contexto de estas tensiones, se han convocado masivas marchas en varias ciudades de EE. UU. en rechazo a las políticas de Donald Trump, lo que demuestra el creciente descontento y la movilización de la oposición. Al mismo tiempo, el Congreso ha bloqueado la aprobación del presupuesto general mientras se espera llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, lo que ha llevado a que varios programas gubernamentales se encuentren paralizados. La decepción aumenta en EE. UU., y la extrema derecha pierde credibilidad, siendo acciones como las que se han visto recientemente en el Caribe una posible causa de este descontento.