La participación de altos mandos del Ejército Sandinista en la represión de las protestas de abril de 2018 fue detalladamente documentada por el exmilitar Roberto Samcam, un opositor que había estado exiliado y que fue asesinado en Costa Rica el mes pasado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación el 15 de julio de 2025 sobre «la intensificación de la represión del régimen de Nicaragua, que ahora se extiende más allá de sus fronteras», afectando a los opositores del dúo de copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En un comunicado titulado «Nicaragua: CIDH condena represión transnacional», la CIDH indicó haber recibido información sobre actos de violencia, incluyendo persecuciones y hostigamiento hacia opositores exiliados en países de la región, así como hacia organizaciones de la sociedad civil fuera de Nicaragua. La Comisión también lamentó el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio en su hogar en San José, Costa Rica, tras ser atacado por un individuo que se hizo pasar por mensajero y le disparó en múltiples ocasiones.

Samcam había vivido en el exilio desde 2018 y era un analista político reconocido y crítico del régimen sandinista. Además, había documentado en detalle la participación de altos jefes del Ejército Sandinista en la represión de las protestas de abril de 2018. Por su parte, el Fiscal Adjunto de Costa Rica indicó que el caso se encuentra bajo investigación, considerando todas las hipótesis, incluidas posibles motivaciones políticas o transnacionales.

Defensores de derechos humanos en el exilio han reportado haber sido objeto de vigilancia, intimidación y hostigamiento por parte de agentes del régimen nicaragüense, según señaló la CIDH. Esta organización también identificó mecanismos de represión transnacional, como el uso indebido de alertas rojas de Interpol, que son notificaciones destinadas a solicitar la localización y detención de personas con fines de extradición, emitidas contra opositores y disidentes en el exilio, con el objetivo de criminalizar su labor y restringir su libertad de movimiento.

La CIDH recordó que, conforme a los estándares interamericanos, los Estados tienen la obligación de proteger a quienes se encuentran bajo su jurisdicción frente a actos de represión transnacional, así como de prevenir el uso indebido de mecanismos de cooperación internacional para fines de persecución política. Además, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Nicaragua y exhortó al Estado nicaragüense a cesar todas las formas de represión, tanto dentro como fuera del país, y a cumplir con sus obligaciones internacionales.