Grupos feministas presentaron el martes una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador buscando despenalizar el aborto declarando inconstitucionales artículos del Código Penal que lo identifican y castigan como un delito.

Angélica Porras, del Grupo de Acción Legal del Pueblo, dijo en declaraciones a periodistas que la acción tiene como objetivo eliminar «la criminalización del derecho de la mujer a decidir» y recordó que hace dos años se logró la despenalización del aborto en el caso de violación «. lo cual no es suficiente’.

En Ecuador la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación es legal sólo cuando es resultado de una violación.

“Esto significa discriminar a las mujeres que han decidido interrumpir un embarazo sin motivo de violación; defendemos el derecho de las mujeres a ser autónomas», añadió Porras.

Los datos sobre abortos en Ecuador no se acercan a la realidad, ya que la mayoría de ellos se realizan en condiciones ilegales, aunque según datos oficiales, desde la despenalización de la violación se han realizado 611 abortos.

El Tribunal Constitucional, que inicialmente debe aceptar la solicitud, no tiene plazo para dar respuesta.

Johanna Zambrano del Grupo de Mujeres La Tejedora afirmó que “creemos que es nuestro derecho, lo exigimos, se debe aprobar el aborto legal y seguro”.

Otros grupos expresaron su radical oposición a esta iniciativa y exigieron el respeto a la vida desde la concepción. En el pasado han realizado manifestaciones y marchas con cientos de participantes vestidos de blanco en defensa de los no nacidos.

Entre los países americanos que permiten la interrupción del embarazo sin condiciones se encuentran Argentina, Uruguay y Cuba. Estados Unidos y Canadá también lo permiten, mientras que en Bolivia, Colombia y Perú es posible en caso de violación. Brasil, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela lo permiten cuando existe riesgo para la salud de la madre, y algunos estados mexicanos han agregado otras razones.

El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana prohíben la interrupción del embarazo sin excepción.

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