Imagen cortesia de CNNenespañol

BOGOTÁ – En un giro que mezcla la tradición insurgente con la tensión geopolítica, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este domingo 21 de diciembre de 2025 un alto el fuego unilateral para el periodo de festividades de Navidad y Año Nuevo. La medida, que entrará en vigor a las cero horas del 24 de diciembre y se extenderá hasta la medianoche del 3 de enero de 2026, busca ofrecer una ventana de tranquilidad al pueblo colombiano. Sin embargo, el anuncio llega precedido por una de las semanas más violentas del año, marcada por ataques de alta tecnología y una retórica confrontativa contra la presencia de Estados Unidos en la región.

El comunicado, difundido a través de sus canales de propaganda, describe la decisión como un «mensaje claro de paz». No obstante, la opinión pública y los analistas de seguridad reciben la noticia con cautela, dada la reciente escalada de hostilidades que ha dejado cicatrices profundas en departamentos como Cesar y Norte de Santander.

El contraste entre la tregua y el asedio

La semana previa al anuncio estuvo definida por un «paro armado» de 72 horas convocado por el grupo insurgente, el cual paralizó la movilidad en al menos diez departamentos de Colombia. Durante este periodo, las autoridades registraron cerca de un centenar de acciones de intimidación que incluyeron la quema de vehículos de carga, hostigamientos directos a estaciones de policía y el uso de explosivos en vías principales.

Uno de los eventos más repudiados por la sociedad civil fue la muerte de un conductor de ambulancia en Norte de Santander, quien fue alcanzado por el fuego cruzado mientras cumplía con su labor humanitaria. Este incidente, sumado a las restricciones de movilidad impuestas por la guerrilla, puso en máxima alerta a las Fuerzas Militares, que mantuvieron operaciones ofensivas para intentar retomar el control de los ejes viales.

El punto de mayor tensión ocurrió el pasado jueves en la localidad de Aguachica, departamento del Cesar. Un ataque sin precedentes contra una base del Ejército Nacional, ejecutado mediante el uso de explosivos lanzados desde drones, resultó en la muerte de siete soldados y dejó a 31 uniformados heridos. El uso de tecnología no tripulada para ataques tácticos representa, según analistas militares, una evolución preocupante en las capacidades operativas del ELN, complicando los esfuerzos de defensa del Estado.

El factor geopolítico: La sombra de Estados Unidos

En el mismo documento donde anuncian el cese al fuego, el ELN dedica un espacio considerable a justificar su reciente agresividad. La guerrilla sostiene que sus acciones son una respuesta a la presencia de tropas estadounidenses en el Mar Caribe, a las que acusa de desplegarse para «amenazar, agredir y saquear a las naciones del continente».

Para el grupo insurgente, el incremento de la vigilancia naval de Estados Unidos en aguas internacionales cercanas a Colombia —intensificada desde agosto de 2025— no es una estrategia de lucha contra el narcotráfico, sino una «escalada militar» que vulnera la soberanía regional. El ELN vincula sus ataques internos, como el de Aguachica, a esta dinámica internacional.

Cifras oficiales provenientes de Washington indican que las operaciones antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico han tenido un impacto severo: más de treinta embarcaciones hundidas y aproximadamente cien personas fallecidas en procedimientos marítimos durante el último semestre. El ELN utiliza estos datos para enmarcar su lucha como una resistencia contra una «ofensiva imperialista», un discurso que mantiene a pesar del rechazo generalizado a sus métodos de guerra internos.

Reacciones y escepticismo institucional

Desde el Gobierno Nacional y las cúpulas militares, el anuncio del alto el fuego es recibido con un escepticismo fundado en la experiencia. Si bien un cese de diez días permite que miles de colombianos viajen por carretera para reunirse con sus familias, las autoridades subrayan que estos periodos suelen ser utilizados por la guerrilla para reabastecerse, mover tropas y planificar futuras ofensivas.

«Un cese al fuego que comienza después de haber asesinado soldados con drones y quemado ambulancias difícilmente puede llamarse un gesto de paz genuino», señalaron fuentes cercanas al Ministerio de Defensa. Aun así, la orden para la Fuerza Pública es mantener la vigilancia y estar listos para responder ante cualquier violación de la tregua, especialmente en regiones críticas como el Catatumbo y el Chocó, donde otros grupos armados también se disputan el control territorial.

El cese unilateral es una práctica recurrente del ELN desde hace varios años durante la temporada decembrina. Sin embargo, en esta ocasión, la brevedad de la tregua (apenas diez días) y la virulencia de los ataques previos sugieren que la mesa de diálogos, que ha pasado por múltiples crisis a lo largo del año, se encuentra en un punto de fragilidad extrema.

El impacto en la población civil

Para las comunidades rurales de departamentos como Arauca, Bolívar y Cauca, cualquier interrupción de la violencia es bienvenida. El paro armado de la semana pasada dejó a muchas poblaciones desabastecidas y con el temor de que la Navidad transcurriera bajo el sonido de los fusiles. El anuncio del ELN, en teoría, debería permitir la reapertura de comercios y el libre tránsito.

Sin embargo, el miedo persiste. La presencia de minas antipersonal, el reclutamiento forzado y la extorsión son fenómenos que no suelen detenerse durante los ceses al fuego unilaterales. Además, la población civil queda atrapada en la narrativa de la «guerra cognitiva», donde la guerrilla intenta presentarse como protectora de la soberanía mientras sus acciones directas afectan la vida cotidiana de los ciudadanos más vulnerables.

Perspectivas para 2026

El alto el fuego terminará el 3 de enero de 2026, fecha en la que se espera que se reanuden las operaciones militares en todo el país. El gran interrogante que queda planteado es qué sucederá después de la tregua. Con un ELN fortalecido tecnológicamente y una postura cada vez más hostil hacia la cooperación internacional de Colombia en materia de seguridad, el inicio del próximo año se perfila como un periodo de alta confrontación.

La comunidad internacional, por su parte, sigue instando a las partes a encontrar una salida negociada, pero la vinculación de la dinámica interna colombiana con las tensiones entre Caracas, Washington y los grupos insurgentes complica el panorama. Mientras tanto, Colombia se prepara para recibir la Navidad con la esperanza de que el silencio de los fusiles, aunque sea por diez días, sea el preludio de una paz más sólida y no simplemente una pausa estratégica en un conflicto que parece no tener fin.

El monitoreo de este cese al fuego será clave. Organizaciones defensoras de derechos humanos y la Iglesia Católica han anunciado que mantendrán observadores en las zonas de mayor conflicto para verificar que el compromiso del ELN se cumpla y que la población civil no sea víctima de ataques «por fuera del radar» de las noticias nacionales.