El abogado de Miguel Uribe, Víctor Mosquera, informó que este año se presentaron 23 solicitudes para aumentar la protección del político, pero el gobierno las rechazó. (Imagen de archivo: 07.06.2025) Imagen: Raul Arboleda/AFP/Getty Images. Un juez ha determinado que el Estado colombiano tiene responsabilidad por omisión en el atentado que ocurrió hace un mes contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, al no haberle proporcionado la protección adecuada, según anunció el lunes (07.07.2025) su abogado, Víctor Mosquera.

«En la audiencia de ayer (…) un juez de la República (…) concluyó que hay responsabilidad por omisión por parte del Estado colombiano, específicamente la UNP (Unidad Nacional de Protección) de este gobierno actual», declaró Mosquera en un video difundido por medios locales. Según el abogado, el juez consideró que a Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático, «no se le otorgó la protección adecuada y hubo mezquindad por parte de esa entidad en relación a su seguridad».

«Omisiones graves en la seguridad» del político. «Esta decisión judicial pone de manifiesto lo que hemos estado advirtiendo como equipo legal de Miguel Uribe. Hubo omisiones graves en la seguridad del precandidato, y una falta de protección hacia un líder de la oposición», agregó Mosquera.

El abogado explicó que esta determinación fue expresada por el juez durante la audiencia celebrada el domingo, en la que se ordenó la prisión de Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, señalado de coordinar el atentado del pasado 7 de junio. Ese día, Uribe Turbay, de 39 años, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda mientras lideraba un acto de precampaña en un parque del barrio Modelia en Bogotá, un ataque que ha revivido el recuerdo de la violencia política que marcó las elecciones de 1990, en las que fueron asesinados tres candidatos presidenciales.

Arteaga es el quinto presunto responsable capturado en la investigación de este atentado, que ha causado gran conmoción en el país por ser un ataque directo contra un precandidato presidencial a las elecciones del próximo año.

La UNP en la mira. La familia de Uribe Turbay, quien permanece hospitalizado en estado grave, ha presentado una denuncia penal contra la UNP, que depende del Ministerio del Interior, por presunta negligencia en la atención a las solicitudes de refuerzo de su seguridad. Mosquera ha mencionado que durante este año se presentaron 23 solicitudes para aumentar la protección del político, pero la UNP las desestimó.

El presidente Gustavo Petro reconoció tras el atentado que la seguridad de Uribe Turbay había sido reducida «extrañamente» el día del ataque, pasando de siete a tres personas, por lo que solicitó una investigación exhaustiva sobre el incidente. Mientras tanto, una encuesta publicada hoy, al cumplirse un mes del atentado, reveló que Uribe Turbay lidera la intención de voto de cara a las elecciones de marzo próximo. La encuesta sobre posibles candidatos presidenciales, realizada por las firmas Guarumo y EcoAnalítica, muestra a Uribe Turbay en primer lugar de las preferencias del electorado, con un 13,7%. (EFE, Caracol Radio)