El 11 de junio de 2025, el Congreso de la República de Colombia dio un paso importante al aprobar en último debate el proyecto de ley que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio internacional tiene como objetivo prevenir y erradicar la violencia y el acoso en el entorno laboral, con especial atención a las situaciones basadas en género. La iniciativa fue respaldada de manera unánime por la plenaria de la Cámara de Representantes, lo que representa un avance significativo en la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el país.

Adoptado por la OIT en 2019, el Convenio 190 ahora suma a Colombia a la lista de más de 30 naciones que ya han ratificado este importante acuerdo. Su propósito fundamental es asegurar entornos laborales libres de violencia física, psicológica, sexual y económica, estableciendo un marco normativo que promueve políticas de prevención, sanción y reparación en casos de acoso o violencia en el trabajo.

Este convenio también aborda la violencia y el acoso como violaciones a los derechos humanos, que pueden afectar la salud física y mental de las personas y limitar el acceso igualitario a trabajos dignos. Además, incluye una perspectiva de género que reconoce la mayor vulnerabilidad de las mujeres y las diversidades sexuales frente a diversas formas de violencia, como el acoso sexual y la discriminación.

Una vez aprobada la ley, el siguiente paso es la sanción presidencial, donde el presidente de la República deberá firmar el proyecto para que se convierta en ley. Posteriormente, Colombia deberá presentar el instrumento de ratificación ante la OIT en Ginebra para que entre en vigor oficialmente en el marco del ordenamiento jurídico nacional.

Según datos del Ministerio del Trabajo, más del 30 % de las mujeres en Colombia han experimentado algún tipo de acoso laboral o sexual, especialmente en sectores como el comercio, la salud y la administración pública. La ratificación del convenio facilitará la creación de mecanismos de protección, así como canales de denuncia efectivos y sanciones para los agresores.

Finalmente, con esta aprobación, el país reafirma su compromiso con el trabajo digno, seguro y libre de violencia, estableciendo un marco de acción que se alinea con los estándares internacionales.