Este viernes, Cuba comenzó la liberación de los primeros 2,000 prisioneros, una medida anunciada el jueves, aunque persiste la incertidumbre sobre el carácter político de estas excarcelaciones en un contexto de tensiones con Estados Unidos. Afuera de una prisión en La Habana, Katia Arias Mendoza esperaba ansiosamente la salida de su hijo, Emilio Alejandro, de 20 años, quien había estado cumpliendo una condena por robo. Según testimonios de internos de la prisión de La Lima, muchos de los beneficiados por la amnistía del régimen cubano enfrentan condenas por delitos comunes.

Ayer, el gobierno de Miguel Díaz-Canel comunicó que había indultado a 2,010 personas como un “gesto humanitario” en el marco de la Semana Santa. Las autoridades explicaron que esta decisión se basó en un «análisis cuidadoso» de las circunstancias de los delitos cometidos por los sancionados, así como en su buena conducta en prisión. Sin embargo, la naturaleza política de esta medida sigue siendo cuestionada, especialmente en medio de la presión ejercida por Estados Unidos, donde el secretario de Estado, Marco Rubio, ha demandado públicamente la liberación de prisioneros políticos en Cuba.

Un día después del anuncio, los primeros indultados comenzaron a salir de la prisión, muchos de ellos rodeados de familiares que celebraban su regreso con gritos de alegría. Del total de liberaciones, se espera que incluyan a jóvenes, mujeres y adultos mayores de 60 años que cumplen los requisitos para la libertad anticipada, así como a extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior. No obstante, persisten las dudas sobre si algunos de los liberados fueron condenados tras las protestas de 2021, que resultaron en actos de vandalismo y fueron tipificados como terrorismo, desacato o desorden público.

El régimen cubano niega la existencia de prisioneros políticos, mientras que Estados Unidos les otorga dicha categoría. Activistas que supervisan la situación de los prisioneros políticos en Cuba aplaudieron la decisión del gobierno, aunque subrayaron que no reemplaza la necesidad de una ley general de amnistía que han estado demandando.