El Decreto 0799 de 2025 ha generado un intenso debate tanto jurídico como político en Colombia. Esta normativa, firmada por el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Justicia, modifica la competencia para conocer en primera instancia las acciones de tutela dirigidas contra el presidente, que anteriormente eran exclusivas del Consejo de Estado. Ahora, jueces de circuito o de igual jerarquía podrán asumir estos casos. Según el Gobierno, esta decisión busca “fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial” y facilitar el acceso universal a la justicia, reafirmando que “la acción de tutela continúa siendo ejercible en todo momento y lugar”, tal como lo menciona el decreto en relación con el artículo 86 de la Constitución.
No obstante, el decreto ha sido objeto de críticas en el ámbito legal. Nicolás Rojas, abogado del Centro Jurídico Internacional, argumenta que “el decreto carece de viabilidad jurídica”, ya que el presidente no tiene facultades extraordinarias para legislar en este ámbito sin la autorización del Congreso. Rojas también advirtió que la promulgación de este tipo de normas podría “vulnerar el principio de separación de poderes y desestabilizar el equilibrio institucional”.
Además, el jurista expresó su preocupación sobre la capacidad de jueces de menor categoría para manejar casos de alta relevancia, como aquellos relacionados con la seguridad nacional o decisiones del Ejecutivo. “Un juez de circuito no posee la misma formación ni experiencia que un magistrado del Consejo de Estado en estos asuntos”, destacó.
El decreto también establece que las tutelas contra entidades o organismos públicos nacionales, así como aquellas que versen sobre decisiones del Ejecutivo en temas como la erradicación de cultivos ilícitos, serán atendidas por jueces del circuito, conforme a factores territoriales y subjetivos estipulados en la ley.
Entre las posibles motivaciones para la emisión del decreto se encuentra la creciente acumulación de tutelas de alto perfil contra el presidente Petro, como las presentadas por los abogados Abelardo de la Espriella y Germán Calderón España, relacionadas con la crisis financiera en las Fuerzas Armadas, así como acciones contra la convocatoria de una Asamblea Constituyente o consulta popular.
Frente a esta controversia, el presidente Petro se pronunció en su cuenta de X, afirmando que “el jefe de Estado debe ser tutelable por cualquier ciudadano ante cualquier juez de la república”, enfatizando la necesidad de evitar la elitización de la justicia y promover su democratización. Los expertos coinciden en que la Corte Constitucional deberá pronunciarse pronto sobre la constitucionalidad del decreto y su impacto en la estructura del sistema judicial colombiano.