El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos no asumirá el control directo de Venezuela, sino que se enfocará en mantener el «embargo petrolero» ya en vigor contra el país. Estas declaraciones fueron realizadas en un contexto donde se buscaba calmar las inquietudes sobre una intervención militar prolongada. Rubio, en varios programas de televisión, intentó aclarar que la intención no era gobernar Venezuela, a pesar de que el presidente Donald Trump sugirió lo contrario al declarar que su administración «dirigiría» el país tras la captura de Nicolás Maduro.

La postura de Rubio se presenta como un matiz a la retórica de Trump, quien había mencionado la posibilidad de que Estados Unidos asumiera el control temporal de Venezuela. En un viaje de regreso a Washington, Trump reiteró la necesidad de obtener «acceso total» a los recursos petroleros del país para facilitar su reconstrucción. Esta ambigüedad ha generado preocupaciones tanto entre demócratas como en sectores dentro del propio partido republicano, que temen que esto pueda derivar en una intervención similar a las experiencias en Irak o Afganistán.

Rubio defendió la política exterior de Trump, argumentando que la situación en Venezuela es diferente a los conflictos en el Medio Oriente y que el enfoque debería ser más específico al contexto del hemisferio occidental. Además, se comprometió a continuar aplicando el embargo petrolero como medio para fomentar cambios políticos en Venezuela.

En cuanto a la situación interna de Venezuela, el gobierno de Maduro continúa operativo, a pesar de la detención de Maduro y su esposa, quienes enfrentan cargos por narcoterrorismo en Estados Unidos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue nombrada presidenta interina, aunque ella misma ha declarado que no tiene intención de asumir el poder. La calma ha reinado en el país tras la operación, aunque con un ambiente de tensión y resistencia por parte de las autoridades venezolanas.

La administración Trump ha intensificado sus esfuerzos en la región, llevando a cabo operaciones en el mar Caribe y el Pacífico contra embarcaciones acusadas de narcotráfico. Sin embargo, la legalidad de estas acciones ha sido cuestionada por expertos en derecho internacional, quienes advierten sobre los límites de la intervención estadounidense. Mientras tanto, el futuro político de Venezuela sigue siendo incierto, con la comunidad internacional observando de cerca los desarrollos en la nación sudamericana.