La campaña militar antidrogas del Ejército de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico oriental ha resultado en la destrucción de al menos 20 embarcaciones y la muerte de 80 personas en un período de casi tres meses. El primer ataque a lo que se ha denominado una ‘narcolancha’ ocurrió el 2 de septiembre, dejando un saldo de 11 muertos. Según informes de The Washington Post y CNN, esta embarcación fue atacada en dos ocasiones: la segunda ofensiva se dirigió a los sobrevivientes de la primera.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, supuestamente ordenó verbalmente que no se dejara a nadie con vida. Cuando el equipo de operaciones especiales observó a dos personas vivas aferradas a los restos de la lancha, se llevó a cabo un segundo ataque que resultó en su muerte. En redes sociales, el entonces presidente Donald Trump informó sobre el ataque, indicando que había sido ejecutado bajo su mando y dirigido contra narcoterroristas en aguas internacionales.

El despliegue militar, conocido como ‘Operación Lanza del Sur’, fue parte de una estrategia más amplia que incluyó el envío de buques destructores y aviones espía a la región, apuntando a Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de liderar el Cartel de los Soles y facilitar el tráfico de drogas hacia su territorio. Esta acción ha elevado las tensiones políticas y militares entre Washington y Caracas, que ha desmentido las acusaciones de narcotráfico y calificado la situación como una «guerra psicológica».

La administración Trump ha evaluado diversas opciones para intensificar la campaña, incluyendo ataques aéreos a instalaciones en Venezuela vinculadas al narcotráfico. Trump también ha manifestado su disposición a conversar con Maduro para abordar la crisis humanitaria en la región. Sin embargo, la legalidad de los ataques ha sido cuestionada, y algunos legisladores han instado a los militares a desobedecer órdenes que consideren ilegales.

La ONU y expertos legales han criticado la campaña militar, advirtiendo sobre posibles violaciones de derechos humanos y cuestionando la legalidad de las operaciones bajo el derecho internacional. La estrategia ha cambiado de capturas a hundimientos de embarcaciones involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha generado un debate sobre la eficacia y la ética de estas acciones en la lucha contra el narcotráfico.