**26.11.2025 – 19:59 | Actualizado: 26.11.2025 – 20:34**

Un tribunal en Lima ha dictado este miércoles una condena de 14 años de prisión, de ejecución inmediata, al expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) por el delito de cohecho pasivo propio. Se ha determinado que Vizcarra recibió más de 2,3 millones de soles (aproximadamente 589.000 euros) de empresas constructoras a cambio de contratos de obras públicas durante su mandato como gobernador de la región de Moquegua (2011-2014).

Inmediatamente después de recibir la sentencia, Vizcarra fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú y trasladado al Instituto Nacional Penitenciario para su ingreso en prisión. Su abogado, Erwin Siccha, ha anunciado la intención de apelar la decisión, incluyendo la ejecución inmediata de la pena.

En la actualidad, otros tres expresidentes peruanos se encuentran en prisión: Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), ambos condenados por corrupción, y Pedro Castillo (2021-2022), arrestado bajo acusaciones de rebelión, con la fiscalía solicitando 34 años de cárcel para él. Además, varios exmandatarios están bajo investigación por presuntos actos de corrupción. En 2019, Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se quitó la vida al ser confrontado con la posibilidad de ser detenido por su implicación en el escándalo de corrupción de Odebrecht.

**Inhabilitación para ejercer cargos públicos**

La jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, estableció que Vizcarra propuso y recibió un soborno de un millón de soles de la empresa Obrainsa para adjudicarle en 2013 el proyecto agrícola Lomas de Ilo. También se constató que recibió en efectivo más de 1,3 millones de soles de la empresa ICCGSA para la mejora del Hospital de Moquegua.

Se demostró que Vizcarra poseía la información necesaria para favorecer a Obrainsa en la adjudicación del proyecto y que contactó al exgerente general de la compañía, Elard Tejeda, para proponerle un soborno y el alquiler de una avioneta. Como testigo, Tejeda declaró que los pagos, que representaban el 2% del monto del proyecto Lomas de Ilo, se realizaron en tres partes, incluyendo el alquiler de una avioneta por 400.000 soles para trasladar a autoridades de Bolivia.

En relación al consorcio hospitalario Moquegua, se reveló que hubo contratos ficticios para movilizar más de 1,3 millones de soles, que se hicieron pasar como pagos a una tercera empresa. Los pagos al expresidente se realizaron en efectivo, facilitados por el exministro José Manuel Hernández en la residencia de Vizcarra en Lima, incluyendo un saldo adicional de 200.000 soles (70.000 dólares) cuando ya ocupaba el cargo de presidente.

El tribunal también impuso una inhabilitación de 9 años para ocupar cargos públicos y una multa de 94.900 soles (24.000 euros). La fiscalía había solicitado 15 años de prisión, pero se consideró como atenuante la falta de antecedentes penales de Vizcarra.

Fuera del juzgado, decenas de simpatizantes de Vizcarra y de su partido, Perú Primero, protestaron enérgicamente contra la sentencia, intentando agredir a los miembros de la fiscalía que impulsaron la acusación. Vizcarra será trasladado a Barbadillo, una prisión destinada a exgobernantes procesados penalmente en el país.

Antes de ingresar a prisión, deberá completar varios trámites judiciales, entre ellos una revisión médica, bajo custodia policial.

**La respuesta de Vizcarra: «No es justicia, es venganza»**

Tras conocer la sentencia, Vizcarra se pronunció en sus redes sociales, afirmando: «Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo». Su hermano mayor tiene planes de postularse en las elecciones presidenciales de abril de 2026 por el partido ‘Primero Perú’.

El expresidente aludió al «pacto mafioso» en el Congreso, un grupo de fuerzas conservadoras que lo destituyeron en 2020 tras destaparse indicios de corrupción de su etapa como gobernador. Sin embargo, atribuyó su destitución a una venganza por haber disuelto el Congreso en 2019, cuando se oponían a sus reformas.

Vizcarra había estado en prisión preventiva en agosto, pero fue liberado poco después para garantizar su presencia en el juicio, que comenzó en octubre. Durante una de las audiencias, declaró: «No me voy a fugar, ni me voy a asilar, ni autoeliminar». Reiteró su inocencia y se consideró víctima de persecución política. A pesar de las inhabilitaciones en su contra, Vizcarra era visto como un fuerte candidato en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2026.

Además de este caso, el expresidente enfrenta otras acusaciones, incluyendo una denuncia constitucional presentada en abril de este año por colusión agravada, relacionada con supuestas irregularidades en la compra de pruebas rápidas para diagnosticar la covid-19.