El presidente Donald Trump anunció este martes que fuerzas estadounidenses eliminaron a seis individuos a bordo de una embarcación cerca de las costas de Venezuela, en una acción que ha sido calificada por la ONU como una ejecución extrajudicial. En sus redes sociales, Trump comunicó: “Esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque vinculado a una organización terrorista designada (DTO) que se dedica al narcotráfico […] frente a las costas de Venezuela”.

El mandatario también aseguró que “los servicios de inteligencia confirmaron que el barco transportaba narcóticos y estaba relacionado con redes de narcoterroristas, transitando por una ruta conocida para el tráfico de drogas, en aguas internacionales”, aunque no brindó detalles sobre la ubicación exacta. Además, afirmó que “seis narcoterroristas que viajaban en la embarcación fallecieron en el ataque”.

Hasta el momento, la administración Trump no ha presentado evidencia concreta que respalde sus acusaciones de que las lanchas hundidas estaban involucradas en el tráfico de drogas o que sus tripulantes fueran narcotraficantes. Trump acompañó su mensaje con un video de naves militares de vigilancia, mostrando una pequeña embarcación que estalla tras el impacto de un misil.

Con este último incidente, el número total de personas fallecidas en cinco ataques contra estas “narcolanchas” asciende a 27, de acuerdo a los reportes del gobierno. La administración ha desplegado, en un esfuerzo que comenzó hace casi dos meses, una fuerte presencia militar, incluyendo ocho barcos destructores y anfibios, miles de soldados y marines, aeronaves de reconocimiento, un submarino nuclear y cinco cazas bombarderos F-35, todo ello en una operación destinada a combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, especialmente cerca de las costas venezolanas.

Este despliegue ha generado preocupación en el régimen de Nicolás Maduro, que ha alertado al Consejo de Seguridad de la ONU sobre lo que considera una agresión por parte de Estados Unidos. En respuesta, Maduro ha llevado a cabo ejercicios militares en las últimas semanas en sus aguas territoriales en el Caribe. El gobierno de Trump no reconoce a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, acusándolo de liderar el Cartel de los Soles, que la administración también ha designado como una organización terrorista.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y aliado cercano de Maduro, afirmó que “toda esta amenaza y agresión están basadas en mentiras y calumnias”, y que el verdadero objetivo no es la lucha contra el narcotráfico, sino justificar una posible agresión militar.

Trump incluso insinuó que las operaciones antidrogas podrían extenderse a ataques en tierra, lo que podría marcar una nueva fase en el conflicto con Venezuela. Las acciones militares contra estos barcos en el Caribe han suscitado críticas tanto de demócratas como de republicanos en el Congreso, quienes exigen que el Ejecutivo explique la legalidad de estas operaciones y aporte pruebas de inteligencia que avalen su narrativa.

En un memorándum dirigido al Congreso, al cual tuvo acceso The Associated Press, el gobierno de Trump indicó que había determinado que Estados Unidos estaba en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas y que se estaban llevando a cabo operaciones de acuerdo con el derecho de los conflictos armados. Sin embargo, los ataques realizados por Estados Unidos han sido cuestionados por congresistas, exmilitares, especialistas en derechos humanos de la ONU y expertos legales.

La semana pasada, el Senado votó una resolución sobre los poderes bélicos que hubiera impedido al gobierno de Trump realizar los ataques sin la autorización del Congreso, pero la medida no fue aprobada. Este martes, el senador demócrata Adam Schiff afirmó que la autoridad del presidente para responder a un ataque armado o a la amenaza de uno era limitada y no aplicable, advirtiendo que “estos continuos ataques —27 muertos hasta la fecha— corren el riesgo de llevar a Estados Unidos a una guerra en toda regla”.

El senador Jack Reed, demócrata y exoficial retirado del Ejército, también ha criticado la campaña militar por carecer de autorización del Congreso. Reed subrayó que el Artículo II de la Constitución no es un “cheque en blanco” y que el Congreso tiene la facultad exclusiva de declarar la guerra. Mark P. Nevitt, un comandante del Cuerpo de Abogados de la Marina, coincidió en que los ataques parecen ilegales bajo las leyes internacionales y nacionales, sugiriendo que la administración Trump está intentando convertir las misiones antinarcóticos en operaciones antiterroristas sin una base legal adecuada.

Los relatores especiales de la ONU para derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales han declarado que “el derecho internacional no permite a los gobiernos simplemente asesinar a presuntos narcotraficantes”, enfatizando la necesidad de respetar el debido proceso.