Estados Unidos, la Unión Europea y otras 14 naciones han expresado preocupación por una propuesta de reforma que circula en el Congreso de Perú para aumentar los controles sobre el financiamiento recibido por organizaciones no gubernamentales que participan en «activismo político».

En una declaración conjunta publicada el lunes, las embajadas dijeron que «las democracias son más inclusivas, justas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente facultada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos». Añadió que los cambios propuestos «limitarían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio».

El 5 de junio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó un proyecto de ley para que la Agencia de Cooperación Internacional del Perú registre por primera vez a organizaciones no gubernamentales que realicen «activismo político», que la propuesta define como todo aquello que «busque cambiar las políticas públicas nacionales o resultados electorales a favor de los intereses de entidades privadas extranjeras.»

La propuesta tipifica como falta grave, sancionable con multas superiores a los 600.000 dólares o incluso la pérdida del registro, la asignación de recursos de la cooperación internacional para actividades declaradas como «acciones que afectan el orden público, la propiedad pública o privada, la seguridad de los ciudadanos, la defensa nacional y el orden interno». orden.»

dijo a la radio local el abogado peruano José Ugás, expresidente de Transparencia Internacional. RPP que la propuesta, aprobada por una comisión presidida por el partido derechista Fuerza Popular de Keiko Fujimori, «tiene una motivación política muy clara».

Recordó que el control de las organizaciones no gubernamentales «no es un invento peruano» porque ya está pasando «en Rusia, está pasando en Georgia, está pasando en Venezuela, en Nicaragua y en otros lugares y en otros países donde tiene como objetivo controlar el trabajo de la sociedad civil».

Ugaz señaló que los legisladores conservadores están preocupados por las acciones de las organizaciones no gubernamentales, especialmente aquellas dedicadas a movilizar a la sociedad a favor de cambio climáticofortalecer la democracia y lucha contra la corrupción.

Las embajadas que firmaron la declaración conjunta en Lima son las de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea. Unión.

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