El Senado de Brasil ha aprobado este miércoles, por mayoría, un proyecto de ley que pretende reducir las penas del expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años de prisión, así como de otros implicados en la conspiración golpista tras las elecciones de 2022. Este proyecto, que ya había recibido el visto bueno en la Cámara de Diputados la semana pasada, obtuvo 48 votos a favor y 25 en contra, y ahora será enviado al presidente para su sanción. Antes, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado (CCJ) había dado su aprobación, con 17 votos a favor y siete en contra, lo que permitió que el texto pasara al plenario.
Si el proyecto es promulgado, Bolsonaro, quien fue sentenciado en septiembre por la Corte Suprema por intento de golpe de Estado, podría salir de prisión en poco más de dos años. Sin embargo, tras ese tiempo, tendría que cumplir con restricciones, como dormir en la cárcel y estar recluido los fines de semana, por un período a determinar por la Justicia. Algunos legisladores del oficialismo han criticado el proyecto, argumentando que interfiere con sentencias consolidadas y podría beneficiar a otros condenados por delitos graves. No obstante, se ha añadido una enmienda que limita los beneficiarios a quienes estaban relacionados con los actos golpistas de 2022, como los bolsonaristas que asaltaron las sedes del gobierno, el Congreso y la Corte Suprema el 8 de enero de 2023.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha dejado claro que podría vetar el proyecto, enfatizando que Bolsonaro «debe pagar por su intento de destruir la democracia». Si Lula decide ejercer su derecho de veto, el Congreso Nacional tiene la potestad de anularlo y aprobar el proyecto sin su firma. Este proyecto evitaría que se acumulen las penas de dos de los crímenes por los que fue condenado Bolsonaro: el intento de abolición violenta del Estado democrático y el golpe de Estado. En este caso, se aplicaría únicamente la pena más severa, que prevé hasta 12 años de prisión, sin sumar la pena por el intento de abolición, que es de hasta ocho años.
La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, ha calificado la aprobación del proyecto como «una falta de respeto a las decisiones del Supremo Tribunal Federal y un grave retroceso para la democracia». Hoffmann, una destacada aliada de Lula, ha criticado la actuación del liderazgo oficialista en la CCJ, argumentando que actuaron en contra de la postura original del Gobierno, que se opone a la iniciativa. La aprobación en la CCJ fue facilitada por un acuerdo de procedimiento gestado por el líder del Gobierno en el Senado, Jaques Wagner, del Partido de los Trabajadores (PT).
Por otro lado, el Tribunal Supremo de Brasil ha condenado a penas de prisión de entre ocho y 26 años a cinco de los seis acusados en el segundo grupo relacionado con el intento de golpe. Entre los condenados se encuentra el general retirado Mário Fernandes, quien recibió la pena más alta: 26 años y seis meses de prisión. También fue condenado el director de la Policía Federal de Carreteras, Silvinei Vasques, a 24 años y seis meses. Los otros condenados, Marcelo Cámara y Filipe Martins, recibieron sentencias de 21 años. Todos ellos enfrentan cargos de intento de abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, y participación en organización criminal armada, entre otros.
Además, el alto tribunal ha decidido suspender por ocho años los derechos políticos de los condenados, quienes no podrán votar ni postularse para cargos públicos. También se ha impuesto una multa colectiva de 30 millones de reales brasileños (más de 4,6 millones de euros) por daño moral colectivo, a ser pagada por todos los involucrados en los sucesos del 8 de enero de 2023.